En el caso de los créditos concedidos por las entidades bajo este paraguas, serán los propios bancos los que asuman el riego de impago, según indican fuentes del ICO. Por el contrario, la entidad pública sólo asumirá las posibles pérdidas que acarree la inversión directa a través de la compra de bonos corporativos o aquella realizada a través de fondos de capital riesgo.

Tal y como detalló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de posterior al Consejo de Ministros de este martes, el nuevo marco supone la puesta en marcha de cinco áreas diferentes de concesión de crédito, denominadas facilidades por el ICO.

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Son ICO-Verde, dotada con 22.000 millones de euros; ICO-Empresas y Emprendedores, con 8.150 millones; ICO-Vivienda, con 4.000 millones; ICO-Audiovisual Hub, con 1.712 millones y el Fondo Next Tech, con 4.000.

Las facilidades se destinarán a la financiación de proyectos de inversión y se articularán a través de las mencionadas líneas de préstamos de entidades financieras -conocidas como líneas de mediación-, los préstamos directos a empresas por parte del ICO y las inversiones en capital.

Bancos y gestoras

En el caso de las líneas de mediación, son las entidades las que asumen el riesgo de impago y no el ICO. Tal y como señalan fuentes del organismo público, los bancos son los encargados de aplicar la normativa financiera y su política de admisión de riesgo.

Por ello, a pesar de que el cliente no devuelva el crédito, y que la entidad entre en mora o impago, los bancos tendrán que restituir al ICO el préstamo inicialmente otorgado.

No sucede lo mismo con la financiación directa. El ICO asume el riesgo de que una empresa de la que ha adquirido parte de sus bonos termine quebrando. En ese caso, la institución “pagará al Tesoro para que este a su vez, y en todo caso, devuelva el importe a la Comisión Europea”, señalan las mismas fuentes.

Esto también ocurre con el capital riesgo. Axis, la gestora participada al 100% por el ICO, asume el riesgo de que la inversión en las compañías no fructifique, por lo que estaría en igualdad de condiciones que otros inversores privados. Sin embargo, el Instituto espera compensar las pérdidas con la rentabilidad obtenida de otras operaciones.

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La institución presidida por José Carlos García de Quevedo participará en el capital riesgo a través de cuatro fondos gestionados por Axis: Fond-ICO Next Tech, Fond-ICO Sostenibilidad e Infraestructuras, Fond-ICO Global y Fond-ICOpyme. También participará en rondas de inversión.

Asimismo, desarrollará su papel a través de la coinversión con entidades privadas donde la institución será un partícipe más. Para elegir a las gestoras, el ICO llevará a cabo una convocatoria pública. Una vez la firma sea seleccionada, los gestores serán “totalmente independientes de invertir los recursos”.

El ICO no podrá superar el 49% del total del tamaño del fondo o del 49% de las rondas de financiación. Deberá contar siempre con un coinversor privado y el Estado no tomará el control de las empresas en las que participe. El límite en la compra de bonos es del 70% de la financiación de los distintos proyectos.

Con todo, el Gobierno espera que entre un 70% y un 75% de los 40.000 millones de euros sea movilizado en colaboración público-privada a través de intermediarios financieros. De ese porcentaje, el ICO estima que 20.000 millones sean canalizados a través de la banca y que unos 8.745 millones lo hagan a través de las gestoras, aunque "dependerá del apetito del mercado.

Verano

La idea, según adelantó Carlos Cuerpo este martes, es que estos préstamos estén en circulación para el segundo trimestre. Fuentes del ICO puntualizan que estarán en marcha en torno al verano.

La fecha límite para formalizar todas las operaciones de financiación es el 31 de agosto de 2026, aunque las disposiciones de fondos se pueden realizar con posterioridad. Los recursos obtenidos por amortizaciones y desinversiones se podrán reinvertir hasta 2036.

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Los prestamos "tendrán unas condiciones ventajosas para las empresas", que dependerán de factores como el plazo de financiación o la calidad crediticia del solicitante, y se implementará una simplificación administrativa para aquellos proyectos que estén por debajo de los 10 millones de euros

Para acceder a esa financiación, las empresas y autónomos deberán cumplir varios requisitos, entre los que se encuentran que los recursos sean finalistas. Asimismo, y si es necesario, deben contar con etiquetado verde o digital y respetar el régimen de ayudas de Estado -si el préstamo es más barato que en el mercado-. El ICO realizará verificaciones previas y comprobaciones posteriores.