Oficinas del Banco Popular.
El juez del 'caso Popular' avisa a los investigados: ultima el auto que propone juzgarles y lo terminará en febrero
En una resolución fechada este lunes, José Luis Calama les avanza que el auto que proponga juzgarles está "en proceso de finalización".
15 enero, 2024 19:07El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado el llamado caso Popular ha comunicado a los investigados que el auto en el que propondrá mandarles a juicio está a punto de ser finalizado y será notificado a mediados de febrero.
"Se acuerda poner en conocimiento de las partes personadas que el auto de transformación en procedimiento abreviado (en proceso de finalización) se les notificará en la primera quincena del próximo mes de febrero", expone el juez José Luis Calama en una resolución fechada este lunes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.
Tras casi seis años de instrucción, la investigación judicial del caso Popular llegó a su fin el pasado mes de mayo. La inició en octubre de 2017 el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y en ella se indagó, durante más de un lustro, en las causas que llevaron al Popular, sexto banco más importante del mercado español, a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución.
El Popular fue adquirido en 2017, por un euro y una posterior ampliación de capital de 7.000 millones, por el Banco Santander.
En la causa, han existido dos piezas separadas. La primera afecta a la presidencia de la entidad por parte de Ángel Ron, durante la cual se produjo la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que el banco llevó a cabo en 2016, un año antes de su quiebra. Ron es uno de los investigados en el caso Popular.
La segunda se centró en los 108 días que Emilio Saracho, tras sustituir a Ron, estuvo al frente de la institución, por un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.
A lo largo de este procedimiento, también ha sido relevante el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluyó que los antiguos accionistas del Popular no podrán pedir una indemnización al Santander basándose en que el folleto de ampliación de capital previo a su caída contenía información defectuosa.
Hace casi un año, el 25 de enero de 2023, declaró como investigado José María Sanz Olmeda, el directivo de PricewaterhouseCoopers (PwC) que coordinó las auditorías de las cuentas anuales del Banco Popular entre los años 2009 y 2015. Y defendió la veracidad e independencia de sus tasaciones, en las que aplicó, según dijo, los mismos métodos que a otros clientes.
Además, el 13 de abril, PwC envió a la Audiencia Nacional un informe, elaborado por dos catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad y un profesor titular de la Universidad de Alcalá, que avala la "imagen fiel" de las últimas cuentas anuales que presentó el Popular antes de su quiebra.
