La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha puesto fin a la investigación de la pieza del caso Villarejo relativa a los encargos del banco BBVA al comisario jubilado.

Así lo trasladan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL-Invertia. El magistrado instructor de esta macrocausa, Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, había acordado alargar la investigación otros seis meses más, hasta finales de enero de 2024.

No obstante, la instancia superior al Juzgado, la Sala de lo Penal, ha estimado un recurso del banco y ha puesto fin a la instrucción de esta causa, que llevaba abierta unos cinco años. Sin embargo, las diligencias acordadas por el juez instructor dentro del plazo previsto y que aún no hayan sido practicadas podrán realizarse próximamente, aunque se cierre la investigación.

Esta decisión de la Sala de lo Penal se produce días después de la declaración como testigo del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres. 

Tal y como informó este diario, el directivo, interrogado el pasado lunes, aseguró ante el juez que no fue "hasta junio o julio" de 2018 cuando supo de los encargos del banco al excomisario de Policía José Manuel Villarejo y que se han investigado judicialmente.

Según relató el directivo, sí recibió un correo electrónico en mayo de ese año sobre una publicación en prensa que informaba de los negocios del excomisario con la entidad financiera.

Ahora bien, de acuerdo con lo que declaró, no lo leyó y no fue hasta mitad de 2018 cuando tuvo constancia del asunto.

Torres indicó al juez que en octubre de 2018 se celebró una reunión en la que se mostró un Excel con los pagos al comisario. Pero no fue hasta enero de 2019, tras otra publicación en un portal digital, cuando tomó constancia de la gravedad real de la situación. Es en esas fechas cuando se celebra una reunión de urgencia de la que no se transcribe acta.

En esta pieza (la número 9) de las decenas que componen la macrocausa conocida como caso Villarejo, el magistrado investiga el encargo encomendado al excomisario de Policía José Manuel Villarejo para espiar, supuestamente, a Luis Del Rivero.

El objetivo habría sido el de frenar el intento por hacerse con el control del BBVA que Sacyr llevó a cabo entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, cuando Francisco González, que figura como investigado en esta pieza, era presidente de la entidad.

Otro de los puntos centrales de la declaración de Torres fue el famoso forensic elaborado tras conocerse públicamente los pagos al excomisario. El directivo defendió ante el juez que, pese a que la auditoría interna le requirió e-mails y otros datos, su nombre no aparece en la versión final del informe debido a una decisión de los investigadores externos que fueron contratados para elaborarlo. "Una decisión propia de quienes han llevado la investigación interna", indicó. "Yo no tuve nada que ver ni participé ni di ninguna instrucción; se aplicó una metodología forense por los externos, tal como explica el banco en su propia web", señaló.

La investigación

El magistrado García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción y citó a Torres como testigo para el pasado lunes.

"Es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal [del BBVA]", señaló en el auto en el que citó al presidente de la entidad financiera.

El juez explicó que la declaración de Torres se acordaba después de que no hubiera sido posible recabar la declaración de María Jesús Arribas de Paz, directora global jurídica del banco y la persona que reportaba al comité de Assurance lo que se iba realizando en la entidad, ya que "se acogió a su derecho a no declarar por voluntad propia".

Fuentes del BBVA señalaron que su declaración como testigo vulneraría su obligación de secreto profesional. A una consulta de María Jesús Arribas al Colegio de Abogados, la respuesta fue nítida: "La consultante se encuentra obligada a guardar secreto profesional, obligación que no decae por el hecho de ser abogada interna de una sociedad".

Por ello, el juez indicó que era "preciso interesar la citación como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma".