Y es que los comicios no frenan los planes del Ejecutivo para el desarrollo de los fondos europeos. O, al menos, eso quiere el Gobierno, que tiene previsto enviar la semana que viene a Bruselas la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permitirá movilizar 7.700 millones de euros en transferencias y unos 84.000 millones en préstamos.

Esta segunda parte es la que atañe a la banca, que va a tener un papel en la distribución de los fondos europeos, como lleva reclamando desde que empezó el proceso de llegada de los Next Generation a España.

Colaboración con el ICO y las CCAA

En concreto, en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las comunidades autónomas las entidades serán las encargadas de hacer llegar hasta 35.000 millones de euros en financiación y tendrán poder de decisión sobre la concesión del crédito, pero solamente en términos de análisis del riesgo, de acuerdo con fuentes financieras.

En primer lugar, las empresas y los autónomos podrán contar con hasta 15.000 millones de euros en préstamos que serán canalizados a través del ICO y la banca. Este instrumento pretende movilizar importantes partidas para facilitar las inversiones en energías renovables y eficiencia energética. Además, el Gobierno pondrá en marcha el fondo para comunidades autónomas, que contará con 20.000 millones de euros.

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Estas negociaciones para fijar el papel de la banca en la distribución de los préstamos, que comenzaron hace varios meses y están cerca de terminar, van a seguir adelante a pesar del adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio. Así lo confirman a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.

El Gobierno quiere replicar el esquema de colaboración público-privada que mantuvo con el ICO y los bancos durante los primeros meses de la pandemia, en los que se pusieron a disposición de las empresas en problemas hasta 140.000 millones de euros a través de los conocidos como créditos ICO, los préstamos con garantía estatal. Aunque ahora ese aval no ha lugar, se busca repetir la colaboración entre la Administración y la banca.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, y el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés. Eduardo Parra Europa Press

En dos de los doce fondos diseñados para movilizar los 84.000 millones que corresponden a España los bancos españoles serán el punto de unión entre el origen de los préstamos y sus destinatarios finales.

La idea es que las entidades sean responsables de valorar el riesgo de las operaciones, si bien la decisión final se tomará en función de ciertos criterios de elegibilidad que fijará el Gobierno.

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Es por eso que el departamento que dirige Nadia Calviño trabaja con la banca en las condiciones de esa colaboración para distribuir las líneas de crédito que van a requerir su intermediación, pero también con el ICO y con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), añaden estas fuentes.

Estos préstamos, como informó este periódico, computarán como deuda pública según se vaya desembolsando el dinero hacia las empresas destinatarias, pero no se contabilizarán en el déficit salvo que se produzca un impago del crédito.

La relación se mantiene

El adelanto electoral no va a impedir que el Gobierno y la banca mantengan su relación de colaboración, que en ocasiones se ha visto empañada por las discrepancias entre ambas partes, especialmente en relación con el impuesto a la banca, que el sector ha recurrido en los tribunales, y la creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que finalmente ha decaído con la disolución de las Cortes.

"Estamos pendientes de que se confirmen o definan del todo las condiciones", explicó Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB) -a la que pertenecen entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter-, el miércoles durante una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas (CGE).

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De acuerdo con la portavoz de gran parte del sector, la banca está trabajando activamente con el ICO y el proceso "avanza como tiene que avanzar".

"Hace tiempo que estamos en conversaciones con el Gobierno y nos trasladaron su intención de que la banca participe en la categoría de préstamos y eso sigue en marcha", añadió.

Plan hipotecario

Además, otros temas que están pendientes también van a seguir su curso a pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas. El próximo 9 de junio las patronales bancarias se reunirán de nuevo con los responsables del Ministerio de Asuntos Económicos para observar la evolución del plan de rescate a hipotecados que pactaron el pasado mes de noviembre.

Este encuentro sigue en pie y el mismo servirá para evaluar si las medidas puestas en marcha -como reestructuraciones de deuda y congelación de las cuotas, entre otras muchas- están siendo suficientes o es necesario explorar otra clase de soluciones.

Los últimos datos dados a conocer por el propio Gobierno hablan de que en marzo había apenas unas 9.000 solicitudes dirigidas a los bancos para poner en marcha estas medidas. Una cifra que está muy lejos de la proyectada inicialmente por el Ejecutivo, que era un millón de familias. El Banco de España estimó que se beneficiarán menos de 270.000.