La investigación judicial del caso Popular ha llegado a su fin tras más de cinco años y medio. Se inició en octubre de 2017. Y el pasado 29 de abril expiró la última ampliación de la instrucción —en esta ocasión, duró tan sólo tres meses— y ninguna de las partes personadas en la causa ha solicitado alargarla.

Por lo tanto, tal y como confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL-Invertia, en un plazo aproximado de 10 ó 15 días el juez instructor, José Luis Calama, dictará una resolución poniendo fin oficialmente a su investigación.

No obstante, Calama aún tiene cuestiones que resolver. Entre las últimas, debe dar respuesta a la petición de Aeris Invest, el vehículo de inversión del empresario chileno Andrónico Luksic, de imputar al Banco Santander.

Esta última entidad adquirió el Popular tras su quiebra por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones de euros. Por entonces, a fecha de 7 de junio de 2017, Aeris Invest era titular del 3,45% de las acciones de Banco Popular.

En esta causa, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha investigado, durante más de un lustro, las causas que llevaron al Banco Popular, sexto banco más importante del mercado español, a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR), que también ha tenido que declarar en este proceso.

Han existido dos piezas separadas. La primera afecta a la presidencia de la entidad por parte de Ángel Ron, durante la cual se produjo la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que el banco llevó a cabo en 2016.

La segunda se centra en los 108 días que Emilio Saracho, tras sustituir a Ron, estuvo al frente de la institución por un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.

El pasado 25 de enero, declaró como investigado José María Sanz Olmeda, el directivo de PricewaterhouseCoopers (PwC) que coordinó las auditorías de las cuentas anuales del Banco Popular entre los años 2009 y 2015. Y defendió la veracidad e independencia de sus tasaciones, en las que aplicó, según dijo, los mismos métodos que a otros clientes.

Recientemente, el 13 de abril, PwC envió a la Audiencia Nacional un informe, elaborado por dos catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad y un profesor titular de la Universidad de Alcalá, que avala la "imagen fiel" de las últimas cuentas anuales que presentó el Popular antes de su quiebra.

A lo largo de este procedimiento, también ha sido relevante el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluyó que los antiguos accionistas del Popular no podrán pedir una indemnización al Santander basándose en que el folleto de ampliación de capital previo a su caída contenía información defectuosa.