Las entidades tienen, como ya informó este periódico, dos vías para recurrir este nuevo tributo, que gravará con un 4,8% los ingresos por intereses y comisiones de gran parte del sector.

En cuanto a la primera, de acuerdo con diferentes fuentes jurídicas consultadas por este periódico, tanto los bancos como las asociaciones pueden optar por impugnar directamente en la Audiencia Nacional la orden ministerial publicada el pasado 3 de febrero, por la que se crean los modelos que los bancos deben presentar ante Hacienda y se obliga a las entidades a realizar el primer pago del impuesto antes del 20 de febrero.

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Este camino sería el más rápido, pues los bancos tienen dos meses -hasta el 3 de abril- para hacerlo, tras lo cual el asunto llega directamente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este organismo judicial.

La segunda opción pasa por esperar a efectuar el primer pago del impuesto, algo que los bancos tienen que hacer como tarde el próximo 20 de febrero, o al abono total, que se producirá en septiembre, para impugnar la autoliquidación del mismo.

Los bancos tienen cuatro años para tomar este segundo camino, si bien es bastante más largo que el anterior. No en vano, una vez impugnen la autoliquidación ante la Agencia Tributaria tendrán que esperar hasta seis meses a que la Administración se pronuncie en contra.

Si, pasado ese plazo, se produce un silencio administrativo el asunto pasaría directamente a los tribunales, pero no iría automáticamente a la Audiencia Nacional. Tendría que pasar antes por un tribunal económico-administrativo (TEAC), algo que retrasaría el proceso un año y medio como mínimo, según las fuentes.

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Esta segunda vía solamente pueden tomarla los bancos a título individual, dado que está reservada para los contribuyentes que realizan el pago, es decir, a los bancos como personas jurídicas en este caso.

Según ha podido saber este periódico, las entidades están estudiando tomar esta vía a nivel individual con independencia de la que pondrán en marcha a través de la Asociación Española de Banca (AEB) -a la que están asociadas entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter- y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) -donde se engloban CaixaBank, Unicaja e Ibercaja, entre otras-.

El sector, con todo, está dividido. Fuentes financieras dan por sentado que todos los bancos tomarán la opción de impugnar el impuesto tras efectuar el pago, si bien hay quien defiende que ir solamente por la vía de las patronales es lo más lógico.

De esta última forma, se evitaría que coexistieran varios fallos judiciales diferentes, a lo que se suma el hecho de que un enfoque conjunto refuerza la imagen de la banca como sector.

Por qué tomar dos vías

Lo cierto es que es posible simultanear ambas vías, la individual y la colectiva, como lo es también la opción de impugnar el impuesto por tres caminos: a través de la autoliquidación, a través de la orden ministerial y por esta última vía pero mediante el recurso de las patronales.

Tras la idea de tomar varias vías a la vez subyacen varios motivos. Por una parte, los bancos consideran que deben actuar conforme al deber fiduciario que tienen con sus accionistas. Están en la obligación de actuar en el mejor interés de estos, por lo que, si deciden no recurrir el impuesto, podrían enfrentarse a reclamaciones por parte de los propietarios de su capital.

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Lo dejó muy claro José Antonio Álvarez en un foro celebrado el pasado octubre, antes de dejar de ser consejero delegado de Santander. "Nuestro deber fiduciario es defender a nuestros accionistas y vamos a cumplir nuestro deber fiduciario", apuntaba el banquero.

Y Ana Botín, presidenta de la entidad, lo reiteró en la última presentación de resultados del banco. Aunque no adelantó si Santander recurrirá el impuesto, sí indicó que la entidad tiene la "responsabilidad fiduciaria de analizar" si hay que hacerlo o no.

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Por otra parte, existe la posibilidad de que, si finalmente se anula el impuesto, el tribunal encargado de hacerlo limite sus efectos a aquellos afectados que hayan iniciado procedimientos de recurso. Es por eso que impugnar la autoliquidación del impuesto, al margen de cualquier otra estrategia, resultaría muy útil para su defensa.

Por último, también motivaría a los bancos la necesidad de agotar todas las opciones posibles para 'librarse' del impuesto por si acaso alguna de ellas les falla.

Diferentes estrategias

Por el momento, ninguna entidad, como es lógico, quiere desvelar públicamente la estrategia que seguirá para intentar impugnar el impuesto. Los gestores de Santander, BBVA, CaixaBank o Sabadell han ido informando en las últimas semanas de que serán sus respectivos consejos de administración los que tomen la decisión de iniciar o no el recurso, mientras que Bankinter e Ibercaja dejaron clara hace tiempo su intención de acudir a los tribunales.

"Es muy probable que Ibercaja lo recurra posteriormente en los tribunales", apuntó su consejero delegado, Víctor Iglesias, en un foro celebrado hace un par de meses, mientras que María Dolores Dancausa, su homóloga en Bankinter, señaló que la entidad lo haría "al día siguiente de pagarlo".

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En cualquier caso, tomen la vía que tomen, los bancos alegarán con toda seguridad que algunos aspectos del nuevo gravamen son bien inconstitucionales o bien contrarios al Derecho comunitario, según fuentes jurídicas. O las dos cosas a la vez. En cualquier escenario lo que está claro es que el proceso se alargará varios años.