Esta reunión es la primera que celebran a este nivel los máximos responsables de Economía, la autoridad de resolución y la compañía desde que el Estado tomó definitivamente el control de la Sareb, en abril del año pasado.

A la misma han acudido, además, Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro, entre otros, como es habitual en las reuniones que la también ministra mantiene con los representantes del sector bancario.

Papel social

Esta reunión ha servido a las tres partes para ponerse al día tras la toma de control de la Sareb por parte del Estado, así como poner puntos en común sobre la gestión de la compañía, ahora pública, y el impulso a su papel social, según informan a este periódico fuentes conocedoras del contenido del encuentro.

Más concretamente, se busca continuar fomentando la firma de acuerdos entre comunidades autónomas y ayuntamientos con la Sareb para favorecer la puesta a disposición del parque público de viviendas. Además, se ha tratado el futuro de la Sareb en clave de la devolución de las ayudas públicas.

[El FROB se hace con el control de la Sareb y nombra a Javier Torres nuevo presidente]

"Con la toma de control de Sareb la principal novedad fue la introducción de un principio esencial para nosotros, que es el de sostenibilidad y que nos permite fomentar el uso social de su cartera. Creo que ya está dando sus frutos, como la venta de suelo para uso social", explicó el secretario general del Tesoro, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

En la misma agregó que "hay una actuación cada vez más activa para el acompañamiento social de aquellas personas con situación de vulnerabilidad que habitan viviendas de Sareb". "Estamos avanzando precisamente en esa línea, finalizando también lo que serían las principales líneas estratégicas a futuro de cara a la liquidación y al uso en materia social de los activos", afirmó sobre el futuro de la Sareb.

Deuda de más de 30.000 millones

La Sareb está a punto de cumplir un año en manos públicas, pues fue en abril de 2022 cuando el Gobierno concluyó el proceso de nacionalización de la compañía, momento en el que, además, nombró como presidente a Javier Torres y reorganizó su consejo para ajustarlo tras la salida de los dominicales que representaban a la banca.

Javier García del Río, su antecesor, había renunciado al cargo "por motivos personales" tras haberlo tomado un año antes, en mayo de 2021. Hasta el momento y durante los siete años anteriores el que pilotó la Sareb fue Jaime Echegoyen, que también había dimitido con la misma justificación.

[Calviño y De Guindos cruzan reproches por su gestión a cuenta de Sareb y CaixaBank]

El Ejecutivo había tomado la decisión meses antes de ese momento, justo después de que Eurostat cambiara de opinión respecto a la forma en la que se contabilizaba la deuda de la Sareb en las cuentas públicas.

Según el nuevo criterio, hecho público en marzo de 2021, los casi 35.000 millones que Sareb no había amortizado hasta el momento se incorporaron al perímetro de la deuda pública, lo que elevó esta partida considerablemente, por encima del 118%. También impactó en el déficit, que consecuentemente en 2021 cerró en el 10,97%.

[La Sareb sumará 35.000 millones a la deuda pública y el Gobierno abre la puerta a extender su vida]

Al cierre del primer semestre del pasado año, esta deuda sin amortizar de la Sareb se había reducido hasta 33.644 millones de euros, lo que supone que tras nueve años la compañía aún debe algo menos del 70% del total constituido en el momento de su creación en 2012.

Tras este cambio contable el Gobierno decidió que era el momento de hacerse con el control de la compañía, que entonces era semipública, pues hasta el momento el 49,86% de su capital era de propiedad privada.

[El Gobierno arranca la nacionalización de la Sareb y pacta con la banca garantizar los créditos fiscales]

En concreto, el 22,21% estaba en manos de Santander, el 12,24% en las de CaixaBank, el 6,61% en las de Sabadell, el 2,53% en Kutxabank, el 1,43% en Ibercaja Banco, el 1,11% en Mapfre, el 0,67% en Mutua Madrileña y el resto en aseguradoras y entidades más pequeñas.

Para hacerlo el Consejo de Ministros tuvo que aprobar un cambio legal que le permitiera aumentar su participación en la Sareb por encima del 50%, es decir, tener su control, algo que hasta el momento no era posible, como se fijó en el momento de la creación del banco malo.