Las cosas están a punto de cambiar en el mercado de las transferencias bancarias. La Comisión Europea acaba de lanzar una propuesta de legislación que atañe a los pagos instantáneos y que, entre otras medidas, obligará a los bancos a equiparar las tarifas de las transferencias instantáneas a las de las estándar. Una medida que tendrá consecuencias para los bancos españoles, que no suelen cobrar por las transferencias tradicionales, pero que a las instantáneas les ponen un coste que llega hasta los 12 euros.

Habitualmente, los bancos ofrecen dos tipos de transferencias: instantáneas, que conllevan un coste extra, y estándar, que en muchos casos son gratuitas y suelen llegar con retraso de horas o, incluso, días. De hecho, dependiendo de la entidad, suelen llegar únicamente en horario de oficina y en días laborales, lo que en ocasiones demora su recepción por el destinatario a varios días naturales.

Bruselas quiere poner fin a esta situación, para lo cual inició hace unos días el procedimiento para poner en marcha una nueva normativa que permita que los pagos instantáneos sean "asequibles, seguros y procesados sin obstáculos por toda la Unión Europea".

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Y es que, en opinión de los expertos del gobierno comunitario, estas transferencias instantáneas "liberan dinero bloqueado en el tránsito por el sistema financiero, el llamado payment float, que puede ser usado para consumo o inversión". De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, cada día unos 200.000 millones de euros están bloqueados de esta forma. No es de extrañar, dado que a principios de 2022 solamente el 11% de las transferencias que se realizaron en la Unión Europea fueron instantáneas.

"Los pagos instantáneos aumentan significativamente la rapidez y la conveniencia para los consumidores, por ejemplo al pagar facturas o recibir transferencias urgentes (como en el caso de emergencias médicas)", consideran los expertos del departamento de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión del Mercado de Capitales de la Comisión Europea, que también valoran los beneficios que aportan a las compañías y, especialmente, a las pymes.

Igualar tarifas

Uno de los objetivos de esta propuesta legislativa es que las transferencias instantáneas no tengan un coste tan alto o, al menos, que este sea similar al de una transferencia estándar. De hecho, según datos proporcionados por Wise a este periódico, los grandes bancos españoles cobran entre 0,95 y 12 euros por realizar un traspaso de dinero en el momento a través de una transferencia, una media de 6,5 euros por operación.

En todos los casos es más caro realizar el trámite en una sucursal bancaria que online. De hecho, la media del coste de una transferencia instantánea online es de 5 euros, mientras que el precio promedio en oficina es de 8,5 euros.

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Las transferencias estándar, sin embargo, son mucho más baratas. El precio medio es de 2,5 euros, pues las entidades cobran entre 0 y 6 euros por este servicio. La gran mayoría ofrece estas operaciones online de forma gratuita (solamente una entidad cobra), mientras que en sucursal la media es de 4,5 euros.

Estas tarifas deberán ajustarse cuando la nueva normativa se ponga en marcha, especialmente si los bancos mantienen el coste gratuito de las transferencias estándar.

"Con demasiada frecuencia, los pagos instantáneos –si es que se ofrecen– se consideran un servicio premium por el que los bancos cobran un suplemento. Nos alegramos de que la Comisión proponga una equiparación de las comisiones, lo que incentivará que los consumidores opten por los pagos instantáneos por defecto", apunta Arun Tharmarajah, responsable para Europa de Wise, que considera que el coste actual de los pagos instantáneos es "demasiado disuasorio hoy en día".

Lógicamente estos datos no hacen referencia a Bizum, un servicio de envío instantáneo de dinero que es gratuito. Esta opción puede ser una solución para el pago entre particulares, si bien los envíos a través de esta plataforma están limitados a 1.000 euros por operación, 2.000 euros por día y 5.000 euros por mes.

La Comisión Europea incluye otros objetivos en su propuesta legislativa, como obligar a todas entidades de servicios de pago a ofrecer transferencias instantáneas a sus clientes o aumentar la seguridad en los pagos exigiendo a los proveedores de pagos que verifiquen que el número IBAN de la cuenta y el nombre del beneficiario son los correctos para evitar errores o fraudes.