Credit Suisse cree que la opinión que el Banco Central Europeo (BCE) tiene sobre los gravámenes específicos para el sector bancario podría "diluir" la propuesta inicial puesta sobre la mesa por el PSOE y Unidas Podemos, los socios del Gobierno, de forma que el diseño de este nuevo tributo podría cambiar.

Han pasado ya dos meses desde que los partidos del Ejecutivo presentaran una proposición de ley para crear dos nuevos tributos como parte del mecanismo de lucha contra la elevada inflación: uno para el sector eléctrico y otro para el sector bancario.

En relación con este último, el BCE no ha emitido una opinión particular, si bien desde el supervisor único han dejado claro que, como ocurre con todo tipo de gravámenes específicos para el sector bancario, antes de ponerlos en marcha deben tenerse en cuenta todas sus consecuencias negativas para que la imposición del tributo no derive en un riesgo para la estabilidad financiera.

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Una vez el impuesto se configure tras su paso por el Congreso y se conozca su diseño final es posible que el BCE emita una opinión al respecto, como ya hizo en 2019 en una situación similar con Lituania. Eso sí, no lo hará hasta conocer la letra pequeña, como ya informó este periódico.

De momento, el diseño inicial del impuesto pasa por gravar con un 4,8% los ingresos por intereses y comisiones de los grandes bancos. Estarán exentas las entidades que en 2019 tuvieron unos ingresos por intereses y comisiones netas inferiores a 800 millones de euros.

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"El BCE ha urgido previamente a tener precaución al crear impuestos dirigidos a los bancos, que podrían causar un importante efecto adverso en los sistemas financieros locales y distorsionar los modelos de negocio de las entidades", apunta Credit Suisse en un informe dado a conocer este viernes.

Añade la casa suiza que el supervisor bancario ha "recomendado un análisis exhaustivo de las potenciales consecuencias negativas de introducir impuestos a la banca para fines presupuestarios generales". "Esto podría derivar en una dilución de las actuales propuestas españolas", agregan los analistas de Credit Suisse.

Un 10% del beneficio

El informe habla también de otros impuestos bancarios creados en otros países y calcula que el coste medio de los gravámenes será del 10% del beneficio antes de impuestos de las entidades europeas en 2022, que compara con el 9% de 2021.

En este informe se indica que solamente España y Hungría tienen impuestos específicos para este sector, si bien explican también que Francia ha puesto un límite temporal a las comisiones, que Bélgica ha añadido aportaciones adicionales a su Fondo de Garantía de Depósitos y que Suecia dispone de un "impuesto al riesgo" (grava el 0,05% de los pasivos en las arcas de las entidades).

Los analistas de Credit Suisse explican que por tributos específicos del sector bancario CaixaBank, Santander y BBVA destinarán conjuntamente 1.099 millones de euros en 2022 y 1.219 millones de euros en 2023 a su pago, en el que se incluyen las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Fondo Único de Resolución (FUR). Es decir, un total de 2.318 millones de euros en los próximos dos años.

Concretamente, el informe calcula que BBVA pagará 280 millones de euros en 2022 y 310 millones en 2023, lo que representa una carga fiscal bancaria del 8% del beneficio esperado para 2022 y para 2023 antes de impuestos.

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En el caso de CaixaBank, la carga fiscal será del 27% del beneficio de 2022 (479 millones) y del 15% del beneficio de 2023 (549 millones), mientras que la de Santander será del 8,5% en 2022 (340 millones) y el 8% (260 millones) en 2023.