El Instituto de Crédito Oficial (ICO) está siendo una de las instituciones clave en la gestión del deterioro económico que ha traído la pandemia. La entidad ha sido, junto a la banca, la responsable de canalizar los 140.000 millones que el Gobierno reservó para avalar la financiación a empresas en problemas por el parón de la actividad y las restricciones sanitarias, así como numerosas líneas de crédito, con lo que su volumen de trabajo creció considerablemente a lo largo de 2020.

En el marco de esta mayor necesidad de recursos que trajo aparejada la pandemia, el ICO aumentó un 3,4% su plantilla durante el año, lo que equivale a once empleados, de forma que cerró el ejercicio con una plantilla de 331 trabajadores, que son en su totalidad personal laboral.

Pese a ese ligero incremento, este organismo, que depende directamente del Ministerio de Asuntos Económicos (concretamente, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa), logró hacer frente al mayor volumen de trabajo gracias a un refuerzo de sus capacidades tecnológicas durante el pasado año.

El ICO adjudicó varios contratos a diferentes empresas para el suministro de servicios de soporte informático y de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones para la gestión de las líneas ICO específicas de la pandemia, así como para la ampliación de los plazos de solicitud y la concesión de avales.

Además, el ICO contrató a PwC Auditores para verificar y validar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en las líneas de financiación a través de un contrato que se ha formalizado hace tan solo unos días.

Más empleados en 2021

En línea con las contrataciones del año pasado, esta entidad de crédito pública prevé aumentar su plantilla un 3% en 2021, según ha podido saber Invertia, de forma que se situará en torno a los 340 empleados. No en vano, el presente ejercicio también supondrá para el ICO un volumen de trabajo adicional en comparación con años anteriores.

En primer lugar, la entidad deberá continuar con la concesión de financiación avalada por el Estado para aquellas empresas que han sufrido una caída intensa de su facturación debido al parón de la actividad por el confinamiento y a la lenta recuperación por las restricciones sanitarias.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes al cierre de marzo, aún faltan más de 46.000 millones en avales por asignar a las empresas, pues ya se han concedido 93.899 millones en garantías públicas, con lo que en el marco de este plan se ha canalizado ya financiación por unos 123.567 millones de euros a través de más de un millón de operaciones, la gran mayoría, el 98%, destinadas a pymes y autónomos.

En los próximos meses, además, el ICO deberá gestionar junto a la banca el futuro de las deudas que miles de empresarios han ido contrayendo durante la pandemia. El Gobierno aprobó hace algunas semanas un plan de salvación para las pymes dotado con 11.000 millones de euros, de los que 3.000 millones se destinarán a reestructuraciones de deuda y, entre ellas, a quitas, para aquellos receptores de créditos con aval del Estado que no puedan hacer frente a la devolución del dinero prestado.

Todavía es necesario que el Ejecutivo apruebe los criterios por los que se concederán estas quitas y otro tipo de reestructuraciones, que la banca, junto al ICO, decidirá a qué empresas beneficiarán.