Una vez que los consejos de administración de CaixaBank y Bankia han dado luz verde a la fusión por absorción que dará lugar al primer banco del mercado doméstico español, la operación inicia un proceso que, si todo sale bien, terminará cuando acabe este año o en el arranque de 2021.

El nuevo banco nace con el aval del Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE), el Gobierno español por empeño del Ministerio de Economía y de la Fundación Bancaria La Caixa. Sin embargo, eso no exime al proceso de tener que seguir los trámites legales necesarios para dar por exitosa la operación.

Pese a que no se esperan contratiempos, la compra de Bankia por CaixaBank tendrá que pasar el filtro de la comisión rectora del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que ostenta la participación del Estado en el banco (algo superior al 61%) que preside José Ignacio Goirigolzarri.

El organismo que preside Jaime Ponce y depende del Ministerio de Economía ya ha sido informado de la operación, pero tendrá que valorarla con su banco de inversión habitual, Nomura.

En la comisión rectora se sientan el Banco de España, los Ministerios de Economía y Hacienda, el Tesoro Público o la CNMV, entre otros organismos. Su decisión podrá ser después revisada por el Tribunal de Cuentas.

Ese estudio determinará su voto -que se espera favorable- en la Junta de Accionistas que el banco celebrará este otoño. Junto al FROB, que representa los intereses del contribuyente, se pronunciarán todos los accionistas de Bankia.

También los accionistas de CaixaBank tendrán que votar si aprueban esta compra que daría lugar a un gran banco con más de 630.000 millones de euros en activos. De momento, la absorción nace por impulso del principal accionista del banco que gestiona Gonzalo Gortázar, pero los patronos de la Fundación Bancaria La Caixa también tendrán que ser informados de los detalles de manera inminente.

Junto a lo que digan los accionistas serán determinantes otros organismos. Entre ellos, el supervisor, el Banco Central Europeo (BCE) que aunque ya ha expresado su opinión favorable tendrá que dar la autorización a la estructura accionarial de un banco que contará como accionista de referencia con un Fundación nacida de las antiguas cajas de ahorro.

Competencia

Dado el peso que el nuevo banco va a tener en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también puede tener mucho que decir en esta fusión. El organismo que preside Cani Fernández podría consultar a otras entidades cómo les afecta la integración de los dos gigantes. El objetivo de ese estudio de mercado será el de velar por la protección de los consumidores ante la reducción de la competencia bancaria en el mercado doméstico.

También los consumidores tendrán vías para pronunciarse en un procedimiento que daría entrada en el proceso al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que representa a Unidas Podemos en el Gobierno y por tanto, a las voces más críticas con esta operación impulsada por la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

La CNMV es otro organismo que podrá pronunciarse y tendrá que velar por el buen desarrollo de la fusión. De hecho, nada más conocerse la noticia de la compra, el organismo que preside Sebastián Albella requirió un comunicado para confirmar las negociaciones.