Es un asunto de máxima relevancia. El riesgo de litigios que afronta el sector financiero preocupa, y mucho, al Banco de España. El supervisor ya había apuntado en otras ocasiones a las demandas judiciales como uno de los mayores riesgos para la banca. Pero esta vez lo hace de forma oficial al incluir esta advertencia en el cuadro de los principales factores de riesgo de su 'Informe de Estabilidad Financiera' de primavera, conocido este martes, junto a la ralentización económica, la pérdida de valor de los activos y la caída de la rentabilidad en el sector.

El pasado año, las advertencias del cuadro “naranja” se habían centrado en la creciente morosidad del crédito al consumo y el difícil escenario que han dejado los tipos de interés en mínimos. Ni siquiera en el anterior documento de noviembre, en plena polémica sobre los gastos hipotecarios, el organismo incluyó este aviso para el sector. 

Por eso, las entidades de depósito deben tomar buena nota ante el año judicial que se avecina. El índice de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH), las hipotecas multidivisa, el ‘caso Popular’ o el ‘caso Villarejo’, así como el juicio por la salida a bolsa de Bankia, coparán los titulares del sector en los próximos meses.

ADVERTENCIA 

“Con distinta intensidad, las entidades de depósito españolas afrontan un riesgo legal derivado del potencial incremento de las demandas judiciales contra ellas”, indica el Banco de España en su informe, que publica dos veces al año (mayo y noviembre). Fuentes de la dirección general del Banco de España cifra en unos 8.400 millones de euros las dotaciones a provisiones por gastos legales y litigios fiscales entre 2014 y 2017. 

En concreto, el organismo recuerda que la banca ha estado involucrada en un número elevado de procesos judiciales en los últimos años, “en los que se cuestionaban ciertas condiciones contractuales en sus operaciones hipotecarias”. El coste de estos procesos para las entidades ya se ha hecho efectivo en un número de casos (por ejemplo, en las cláusulas suelo, con más de 2.200 millones de euros devueltos a los clientes hasta enero de 2019), pero existen todavía procedimientos judiciales muy relevantes pendientes de resolución. 

En el caso concreto del IRPH, se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) empiece a responder a las cuestiones prejudiciales en la segunda mitad del año. “Dependiendo del pronunciamiento, podría producirse un aumento de las demandas judiciales contra los bancos españoles, lo que exige una apropiada medición del posible impacto contingente y medidas de gestión y prevención adecuadas”, asegura el organismo.

En un informe del pasado mes de diciembre, los analistas de Goldman Sachs estimaban un impacto de entre 7.000 millones y 44.000 millones para el sector si el dictamen no es favorable, con CaixaBank como la más expuesta con sus hipotecas a este indicador.  

COSTE OPERACIONAL… Y RIESGO REPUTACIONAL

En este entorno, el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos insiste en el elevado coste operacional que suponen estos riesgos legales. Aludiendo a la experiencia en litigios previos, como los de las clausulas suelo de las hipotecas, “estos procesos legales pueden tener asociados una complejidad y extensión temporal significativos, así como un impacto material sobre el beneficio de las entidades”. En concreto, el organismo cifra en más de 2.200 millones de euros (hasta enero de 2019) las devoluciones de fondos a clientes por las cláusulas suelo, “teniendo su mayor impacto en los resultados de las entidades a través de una dotación en provisiones de 1.900 millones en 2016”.

El organismo también apunta a que todo este riesgo legal “se ha traducido en una pérdida de reputación para la banca, tanto en España como en otros países. “Las entidades deben esforzarse en revertir esta situación proporcionando a sus clientes los productos financieros adecuados a sus necesidades y capacidades, así como suministrando la información relevante de manera clara y transparente”, advierte la institución. “La reputación y la confianza de los clientes es un elemento esencial para desarrollar el negocio bancario”, sentencia.

LEY DE CRÉDITO INMOBILIARIO 

El Banco de España confía en que “la nueva ley del mercado de crédito inmobiliario, que entrará en vigor en junio, debería favorecer un descenso de la litigiosidad actual en este mercado, redundando en una mejoría de su funcionamiento”. Sin embargo, reconoce que “podría generar un cierto endurecimiento de las condiciones aplicadas” en las hipotecas.

Aun así, en su Informe de Estabilidad Financiera considera que la llegada de la norma incrementará la seguridad jurídica de estos contratos, “a la vez que reforzará su transparencia y la protección de la clientela”. Según explica, además de proteger al consumidor, “la introducción de requisitos más estrictos de evaluación de la solvencia del prestatario contribuirá a reducir el riesgo de crédito en las operaciones hipotecarias”.