Sede de Urbas.
Urbas presenta al juez un convenio de acreedores con la aceptación del 61,19% de su deuda para salvar el concurso
Se han adherido 45 acreedores por valor de 54,7 millones de euros.
Pide que se proclame el acuerdo y se envíe al juez del concurso.
Más información: La Audiencia desoye al fiscal y vuelve a absolver a Urbas y a sus directivos de estafa en la ampliación de capital de 2015.
Urbas ha presentado ante el juez de lo Mercantil un acuerdo de convenio de acreedores aceptado por el 61,19% del pasivo que acumula, con la intención de que sea aceptado y remitido a la administración concursal que dirime la situación financiera de la compañía en este momento.
El acuerdo se ha enviado el último día del plazo previsto para hacerlo, con el compromiso de pagar a cada uno de sus acreedores con créditos ordinarios en un plazo de tres años y sin ninguna quita. A partir de ahí los créditos subordinados se pagarán en los nueve meses siguientes.
La compañía, presidida por Juan Antonio Acedo, ha remitido una nota de información relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a última hora de este miércoles. La intención es que el letrado de la Administración de Justicia haga una "proclamación del resultado" en un plazo de tres días, según marca la Ley Concursal, y envíe el convenio al juez de la administración concursal.
Desde que en marzo de este año empezara a negociar con sus acreedores, Urbas ha logrado la adhesión a su convenio de 45 acreedores ordinarios, que acumulaban una deuda de 54,7 millones de euros, mientras que otros siete acreedores se han negado a aceptar la propuesta, con créditos por 24,5 millones.
Entre las negativas se encuentran los principales bancos españoles a los que la promotora debía dinero, como Abanca, Caixabank o BBVA, así como la aseguradora Asefa, la Agencia Tributaria o la Sareb.
En total, el pacto alcanzado presenta un pasivo de la filial financiera del Grupo Urbas de 89,4 millones de euros.
Asimismo, existe el compromiso de que si la compañía genera liquidez suficiente, podrá anticiparse el pago de los créditos ordinarios conforme al siguiente calendario: el 10% al finalizar el primer año, el 15% al finalizar el segundo y el 75% al finalizar el tercero, todos ellos computados desde la aprobación del convenio.
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En el acuerdo se remarca que el pasivo adherido es superior al opositor y se cumple el criterio establecido en el artículo 376.1 del texto refundido de la Ley Concursal para considerar aceptada la propuesta.
Uno de los mayores acreedores de la empresa española es el banco marroquí Attijariwafa, al que se le adeudan casi 12 millones de euros. En marzo se opuso al convenio que Urbas le presentó, pero "modificó expresamente" su posición en julio pasado.
No obstante, el escrito enviado al juez aclara que "por prudencia, esta parte no computa dicho crédito ni como adhesión ni como oposición". Lo mismo ocurre con las deudas de otras entidades como McKinsey Imesapi o la Comunidad de Madrid, que no aceptaron el convenio, pero sin que ello constituyera una oposición al mismo.
Esa parte de los créditos que debe Urbas suponen cerca de 18 millones de euros. Pero el escrito advierte que, aunque se consideren como no adheridos dentro de la parte que se opone al convenio, el acuerdo tendría una mayoría del capital a favor (54,7 millones frente a 42,6) y podría seguir con el proceso que ahora se inicia para intentar salir de su maltrecha situación financiera.
Nueva situación
Fuentes cercanas al proceso advierten que este acuerdo de acreedores se presenta además con una mejora en la relación de los responsables de Urbas con la administración concursal, que dirige Kepler Karst y Auren.
Hasta ahora, el administrador se había mostrado a favor de la liquidación. Pero el convenio alcanzado y la sentencia definitiva de la Audiencia Nacional que les exonera de cualquier responsabilidad penal en la ampliación de capital de 2015, han cambiado la situación.
De hecho, la propia compañía advierte al juez en su escrito que, dado que ha sido a la administración concursal a quien se han enviado las adhesiones y los rechazos, se le requiera certificación sobre el estado de la propuesta de convenio.
Incluso se le conmina a que lo haga "con expresión de la identidad de cada acreedor, del importe y clasificación de su crédito y del sentido de su pronunciamiento, así como del pasivo ordinario resultante", si así lo considera necesario.
