El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Arte EE

Empresas OPA HOSTIL

Pánico en las empresas a que el 'efecto Puigdemont' dinamite la frágil paz económica en Cataluña

Las grandes compañías no quieren un nuevo desafío independentista.

La unión de Junts y Foment del Treball también puede estar en riesgo.

Más información: La fuga de empresas se acelera en Cataluña en el primer trimestre con su tercer peor dato desde el fin del 'procés'

Publicada
Las claves

Las claves

Empresarios catalanes temen que el regreso del debate independentista, impulsado por Puigdemont y Junts, ponga en riesgo la estabilidad económica lograda en los últimos años.

La ley de amnistía y los mensajes de líderes independentistas han reavivado el miedo a una nueva fuga de empresas y a la pérdida de confianza en Cataluña.

Desde 2017, Cataluña perdió más de 10.000 empresas y miles de millones en depósitos, distanciándose aún más de Madrid como motor económico.

La llegada del PSC y Salvador Illa al Govern había devuelto cierta tranquilidad y facilitado el regreso de algunas compañías, pero la tensión política amenaza con frenar esta recuperación.

"Ho tornaríem a fer" (Lo volveríamos a hacer). La frase en catalán repetida decenas de veces por políticos de Junts y ERC representa perfectamente el sentir del independentismo. Y el mayor temor de los empresarios.

Esta frase -que se escucha en círculos políticos mucho más de lo que los empresarios quisieran- ha mantenido vivo el deseo intrínseco de algunos sectores de resucitar el independentismo que inspiró los infaustos sucesos del 1 de octubre de 2017.

Ha pasado ya casi una década desde entonces, y de sus devastadores efectos económicos, pero su recuerdo está aún muy vivo no solo en las grandes corporaciones catalanas sino también en todo el tejido productivo de la región. Y casi nadie quiere volver a repetir la experiencia.

Empresarios catalanes y quienes tienen negocios en Cataluña coinciden en señalar que una vuelta del independentismo "es el peor escenario posible" y que podría dinamitar y hacer saltar por los aires la frágil normalización que se ha conseguido en los últimos dos años con el Govern del PSC y de Salvador Illa.

Es por ello que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía -y que descarta que contravenga las normas europeas- no ha sentado nada bien en buena parte del mundo corporativo.

La mayoría de sus directivos no entra en política, pero creen que la sentencia no solo allana la vuelta del ex president e ideólogo del referéndum del 1-O, Carles Puigdemont, sino que además reactiva un debate que muchos creían -erróneamente- superado.

"No renunciamos a nada. Ni a hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de Cataluña ni a la unilateralidad. Si alguien cree que el conflicto está acabado, está muy equivocado", dijo el secretario general de Junts, Jordi Turull, nada más conocerse el fallo el pasado jueves.

Puigdemont tampoco dejó pasar el momento para reivindicar sus históricas demandas: "Hay que recuperar fuerzas y recursos para centrarnos en el objetivo principal de la independencia".

Su partido no sólo exigió que el Tribunal Supremo y el Constitucional facilitaran la vuelta de su líder sino que pidió que se dieran los pasos necesarios para que pueda presentarse como candidato de pleno derecho a las elecciones catalanas de 2028.

Este desafío independentista está fuertemente condicionado, además, por la caída de Junts en las encuestas, superados por Aliança Catalana en el tercer lugar de las preferencias electorales.

El momento de mayor éxito electoral de Puigdemont fue en pleno 1-O y por ello, dicen algunos empresarios, estamos ante un escenario propicio para elevar el tono separatista, dormido en los últimos meses.

Nadie duda que entre los empresarios catalanes siempre ha existido -y existirá- un sentir nacionalista, pero son pocos los que están realmente identificados con el independentismo.

Solo una de las grandes patronales, Pimec, tiene cercanía con el separatismo, pero su representatividad es muy reducida y su peso en el debate público es casi residual.

Un sentimiento que ha quedado reforzado después de la fuga de empresas y el destrozo económico que generó el 1-O. Desde entonces, unas 10.000 empresas cambiaron su sede social, incluyendo las emblemáticas CaixaBank, Criteria Caixa, Naturgy, Banco Sabadell, Abertis, Cellnex y Colonial.

Se estima que también salieron 32.600 millones de euros en depósitos bancarios de entidades catalanas hacia oficinas de otras comunidades autónomas. Un año después sólo había vuelto la mitad.

Esto generó que Cataluña perdiera fuelle y se distanciara aún más de la Comunidad de Madrid como el principal motor económico de España. En 2017, la diferencia en PIB era de 1.233 millones de euros y en 2024 se disparó hasta los 14.300 millones, según los últimos datos de la contabilidad nacional.

Por ello, los empresarios consultados creen que la vuelta al debate independentista puede perjudicar, y mucho, la estabilidad económica que se ha alcanzado desde que Salvador Illa y el PSC llegaron al Govern en agosto de 2024. Además, frenaría los proyectos en marcha para recuperar el peso perdido en la última década.

Con sus más y sus menos -porque todavía existen cuellos de botella y límites burocráticos que bloquean el potencial de la economía catalana-, los empresarios locales y las grandes compañías creen que la llegada de Illa fue un gran paso hacia la normalización.

Con el PSC volvió la tranquilidad, se apagó la llama del independentismo -al menos desde el punto de vista institucional- y comenzó una lenta vuelta de las empresas.

Criteria, Banco Sabadell, Colonial y Fundación La Caixa volvieron después de siete años, con lo que el sentimiento empresarial y la confianza en Cataluña comenzó a recuperarse.

Pese a que se reconoce que en estos momentos el escenario todavía no es óptimo, creen que la vuelta del desafío independentista como una opción real puede dinamitar todos los puentes para seguir avanzando en la buena dirección.

No solo los puentes de la normalización institucional sino los de la relación entre los empresarios y las formaciones políticas.

La gran asociación de empresas catalana, Foment de Treball, ha logrado una complicidad y una colaboración muy cercana con Junts -y también con el PSC- en el último año.

La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre ha conseguido que Junts haga suya su agenda a nivel nacional. Unas propuestas liberales, reformistas y moderadas que defienden buena parte del empresariado catalán.

De esta manera, ha bloqueado reformas fiscales y laborales del Gobierno central conteniendo su intervencionismo económico. Un giro que se ha acentuado precisamente en el último año, cuando Puigdemont ha estado completamente alejado de la actualidad política. Hasta ahora.

Junts ha rechazado las subidas fiscales de la coalición de PSOE y Sumar, ha votado para eliminar la carga impositiva sobre las Socimis y ha frenado la derogación de la exención fiscal a los seguros sanitarios privados.

Fue clave para tumbar la ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin merma salarial planteada por la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz; y ha defendido que se pacten convenio a convenio, no por vía obligatoria en el Congreso.

Vuelta a los orígenes

Junts también sumó sus votos a PP y Vox en el Congreso para rechazar la propuesta del Gobierno que pretendía fijar un tope y regular de forma estricta los contratos de alquiler temporal.

De hecho, Sánchez Llibre ha reivindicado la postura de Junts como un "muro de contención" frente a propuestas del Ejecutivo que consideran perjudiciales para la viabilidad de la empresa productiva.

Una vuelta a los orígenes de la vieja CiU de Jordi Pujol, que tan buena relación y complicidad tuvo con el mundo empresarial, no solo catalán, sino en toda España.

Pero todo está en riesgo si se eleva la tensión independentista. Por las recientes declaraciones de Puigdemont y la cúpula del partido todo parece indicar que la prioridad en los próximos meses será la aplicación efectiva de la ley de amnistía y muchos creen que esta alianza empresarial pueda estar en riesgo.

Retos pendientes

Los empresarios consultados no se cansan de recordar que la paz económica es frágil. Cataluña volvió a registrar un saldo neto de salida de empresas en el primer trimestre del año y con mayor velocidad que años anteriores.

Entre enero y marzo de 2026 se marcharon 250 empresas por las 189 que llegaron a Cataluña, registrando un saldo negativo de 61 sociedades. En igual periodo del año pasado el saldo fue cero, según el Colegio de Registradores.

Y esto supone que los deberes no están hechos del todo. Illa prometió recuperar la prosperidad económica perdida desde 2017 con grandes inversiones, reducción de la burocracia y mejores condiciones para crear y atraer empresas.

Pero se ha quedado a medio camino. Las empresas catalanas siguen centrando sus quejas en la elevada fiscalidad, el déficit de infraestructuras, la escasa inversión y, recientemente, en la obligatoriedad de las empresas de atender en catalán a los clientes que lo pidan.

Independentismo reforzado

Y el problema es que con un independentismo reforzado todo podría saltar por los aires en cualquier momento. Con todo el lío institucional que esto puede generar.

Una estabilidad económica, que muchos creen que está cogida con pinzas y que puede acabarse. "Sería volver a nuestras peores pesadillas", dice con pánico a este periódico un empresario con grandes inversiones en Cataluña.