Tubos Reunidos, abocada a la quiebra: ni la SEPI ni el Gobierno Vasco ni un socio industrial que la rescate

La compañía cerró este lunes con una caída del 37% en bolsa, algo que ni siquiera provocaba la suspensión del valor. El mercado esperaba una información relevante. Pero lo único que pudo hacer a última hora del día fue reconocer que todo sigue igual: sin nadie que salve a la empresa, en guerra con los sindicatos y negociando su refinanciación.

Hace justo un mes que la compañía vasca presentó resultados: 118,1 millones de pérdidas en 2025 y 263 millones de deuda que vence en tres años. Pero sin un plan de rescate liderado por un socio industrial o sus propios accionistas, ni la SEPI (principal acreedor), ni los bancos ni el Gobierno Vasco van a mover ficha.

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Y el informe de auditoría de EY fue tajante al indicar la existencia de "una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento".

Algo que ratificaba en la notificación enviada a la CNMV este lunes: "El Grupo se encuentra en una situación que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado sin que pueda descartarse la solicitud de declaración de concurso voluntario".

Para mayor decepción, Cristóbal Valdés, consejero dominical que representa a la familia Zorrilla Lequerica Puig, anunció su dimisión. Valdés, que era miembro de la Comisión Ejecutiva y la de Nombramientos y Retribuciones, es además el CEO del grupo aceitero Deoleo, uno de los mayores del mundo en su sector.

Su salida del consejo y de todas sus funciones en la empresa vasca, aunque sea por razones "exclusivamente de índole profesional", es un mensaje al mercado con una gran carga negativa para un grupo que afronta una de las situaciones más críticas de su historia.

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La dirección de la compañía aseguró, no obstante, que se sigue trabajando en el plan de viabilidad. Todo ello a pesar de que la reducción de la actividad "se ha agravado" por la guerra abierta con los sindicatos por el ERE en marcha.

Fuentes del sector advierten que le queda la opción de comunicar su estado inminente de insolvencia a corto plazo y declararse en preconcurso. Eso supondría que tendría un plazo de tres o cuatro meses para lograr un acuerdo de refinanciación con sus acreedores y presentar un plan de viabilidad creíble.

El preconcurso evita embargos y mantiene a los actuales gestores para que busquen una solución in extremis que les saque de la insolvencia. Pero eso pasaría por encontrar un inversor, dentro o fuera de su propio accionariado, que ofrezca garantías suficientes para llegar a un acuerdo de acreedores.

La SEPI otorgó a Tubos Reunidos un crédito de 112 millones de euros del Fondo de Solvencia tras la Covid, que ahora se ha convertido en una deuda más alta, de casi el 60% del total a corto y medio plazo.

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Su postura de cara a facilitar un rescate de la industria vasca sigue siendo la misma que hace meses: no podrá colaborar en cualquier solución que no pase por un acuerdo laboral y cuente con el respaldo de un socio industrial.

La investigación que abrió la UCO dentro del caso Koldo sobre la implicación de la fontanera del PSOE, Leyre Díez, y el empresario Antxon Alonso, como intermediarios en esas ayudas con supuestas comisiones irregulares, también pesa sobre un posible proceso de rescate.

El BBVA se mantiene como accionista de la empresa, pero con una participación reducida a casi la tercera parte de lo que fue, hasta algo más del 9%. La familia Zorrilla Lequerica Puig controla un paquete cercano al 10% y el resto se reparte en bolsa y entre socios históricos, como algunos miembros de la familia Ybarra con algo más del 6%.

Joaquín Fernández de Piérola (independiente) fue nombrado presidente no ejecutivo del grupo en enero pasado, con Carlos López de las Heras como CEO. Emilio Ybarra Aznar es vicepresidente y como representante de la familia Zorrilla Lequerica Puig estaba, hasta este lunes, Cristóbal Valdés.

Conflicto laboral

La subida de un 50% de los aranceles de Trump sobre el acero ha sido la puntilla que ha dejado noqueada a una de las compañías industriales más señeras del País Vasco en otros tiempos. Tiene unos 1.300 trabajadores repartidos en las plantas de Amurrio (Álava) y Valle de Trápaga (Vizcaya), con un ERE de más de 240 en marcha, con bajas voluntarias.

La empresa planteó un ajuste mayor, de hasta 301 personas, en unas condiciones muy ventajosas, que no fueron aceptadas por los sindicatos. Esa guerra laboral interna, tras la impugnación del ERE por parte de ELA, UGT, LAB y ESK, tampoco resulta atractiva para cualquier inversor interesado en salvar los muebles de la empresa.

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Los sindicatos se han mostrado muy beligerantes con la dirección del grupo, que ya decidió cerrar la planta de EEUU el año pasado y la acería de las instalaciones de Amurrio en este ejercicio. Frente a ello, las centrales mantienen una huelga indefinida casi permanente y amenazan con judicializar el conflicto para hacer valer sus demandas.

En la situación actual, incluso el Gobierno Vasco ha reconocido que no es viable encontrar una solución para refinanciar la compañía, como se ha hecho con otros grupos industriales.

Esa es la gran diferencia que hay entre el caso de Tubos Reunidos y otras industrias vascas, como Talgo o Ayesa: no tiene un plan de refinanciación orquestado con los socios y acreedores de la mano de un inversor que aproveche el mercado que le queda a la tubera tras el golpe recibido en su principal mercado, Estados Unidos.