La Audiencia Nacional absuelve a Urbas y a sus directivos y descarta que hubiera delito de estafa en la ampliación de 2015

El fallo llega once años después de la operación y tras la denuncia que hizo la Fiscalía Anticorrupción en 2017, por encontrar indicios de que se habían inflado de forma artificial el valor de los activos en los que se basaba la ampliación.

La Sección Tercera de la Audiencia absuelve a los dos principales responsables de la empresa, Juan Antonio Ibáñez y Juan Antonio Acedo (actual presidente de la compañía), así como al resto de los 14 acusados que se sentaron en el banquillo. Con la absolución, también quedan exoneradas Urbas y otras tres sociedades como responsables civiles subsidiarias. Entre ellas, la consultora Grant Thornton.

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La ampliación de capital de 2015 se efectuó mayoritariamente mediante aportaciones no dinerarias de la sociedad Aldira Inversiones Inmobiliarias, en la que se habían integrado una serie de inmuebles.

La operación fue indispensable para evitar la quiebra del grupo, que entonces se encontraba en causa de disolución.

Urbas se encuentra ahora en concurso de acreedores y enfrentado al fondo británico Roundshield, que le reclama casi 200 millones de euros, y al propio administrador del concurso.

Esta absolución abrirá las opciones para reenfocar el plan de reestructuración de la compañía, pendiente de los embargos que pesaban sobre sus cuentas y de posibles operaciones de ampliación de capital.

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Tanto la empresa como el representante legal de Juan Antonio Ibáñez se muestran satisfechos con este fallo.

"Siempre creí en la inocencia del presidente de Urbas, porque todo lo validó la CNMV [Comisión Nacional del Mercado de Valores]. Por eso, he sido su abogado en el proceso. Tengo plena confianza en la Justicia y así ha sido", declara a EL ESPAÑOL-Invertia su abogado, Ángel Galindo.

"Ningún concierto, ni actuación dolosa, se ha acreditado (...) respecto de los miembros del Consejo de Administración de Urbas", concluye la sentencia, que descarta que hubiera algún tipo de estafa agravada, administración desleal o uso de posición dominante, que eran los tres delitos principales a los que se enfrentaban los directivos acusados.

"No ha quedado acreditado que los acusados falsearon la información con la intención de captar capital, engañando a los inversores. No existe esa supuesta 'huida hacia adelante', habitual en aquellos supuestos de crisis financiera que ante la acuciante necesidad de obtener financiación se oculta la grave situación de la entidad en cuestión", zanja el fallo.

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Todo lo contrario. Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entienden que todas las testificales han dejado claro que "desde el primer momento se conocía que la sociedad se encontraba en causa de disolución mercantil, siendo públicos los estados financieros de la misma, de los cuales no consta que hubieren sido objeto de manipulación alguna".

La sentencia, fechada este mismo lunes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, recuerda que el folleto de la ampliación de capital de Urbas identificaba al menos dieciocho posibles riesgos de la emisión.

Eso hizo que "tanto el mercado, como los supervisores, los auditores, y los propios accionistas de la sociedad tuvieron a su disposición de manera transparente y pública la totalidad de la información necesaria para obtener un conocimiento cabal y real de la operación", explica el fallo.

Con esta sentencia absolutoria, los jueces Jesús Eduardo Gutiérrez, Carlos Fraile y Fermín Echarri dejan "sin efecto cuantas medidas provisionales se hayan acordado en la presente causa". En especial, la prohibición de disponer que pesaba sobre las acciones procedentes de la ampliación de capital aprobada el 10 de julio de 2015.

A eso se añade el "levantamiento de los embargos y cualesquiera otras cargas que sobre las mismas pudieran existir", señalan los magistrados, más de una década después.

Situación difícil

Ha habido alguna otra operación del plan de negocio de Urbas, como la concesión de algún crédito del ICO, que se ha quedado en el camino por tratarse de una sociedad metida en un proceso judicial.

La absolución a la que se ha llegado ahora es la primera parte del plan de salvación que el actual presidente de la empresa, Juan Antonio Acedo, tiene en mente para sacar adelante la compañía.

El otro paso importante es salvar el concurso de acreedores en que está inmersa la financiera (cabecera del grupo), instado sobre todo por el enfrentamiento con el fondo británico Roundshield.

Además de la sentencia, desde la constructora se asegura que para salir adelante, es necesario llegar a un acuerdo con los principales acreedores para devolverles un pasivo de 150 millones de euros. Un proceso para el que sólo cuentan con un mes de plazo, aunque el propio Acedo asegura que ya tiene más de la mitad de los apoyos.

No obstante, tampoco ayuda el enfrentamiento del actual equipo de Urbas con el administrador concursal ratificado por el juez, Auren Kepler Karst, que apunta a que puede haber una deuda mayor de la que estima la empresa.

Juan Antonio Acedo utilizó su turno de última palabra en el juicio sobre la ampliación, el que considera el origen de todos los males que acechan a Urbas, y lo dejó claro: "Yo sé lo que hemos hecho, y soy responsable de todo; pero una cosa es que sea responsable y otra cosa es que sea culpable. ¿Culpable de qué?". El fallo, finalmente, le ha dado la razón. Es, no obstante, recurrible ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.