Indra y la SEPI se reservarán el control de la filial de defensa que se estudia crear para la fusión con Escribano

Fuentes empresariales cercanas a la operación aseguran que no se descarta incluso que desde la parte pública se plantee un recorte de los derechos políticos que en ese nuevo consejo tendrían los hermanos Escribano.

Ambas empresas están cerrando las auditorías sobre sus cuentas de 2025 como base para plantear las posibles fórmulas de integración que se habiliten, una vez descartada la fusión por absorción.

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El consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, tiene el encargo del consejo de poner sobre la mesa todas las opciones que se puedan dar, con sus estimaciones cuantitativas y cualitativas.

Los tres representantes de la SEPI en el consejo de Indra y los consejeros independientes, junto con el sillón que ocupa la guipuzcoana SAPA, tienen el foco puesto en la fórmula que plantea la creación de esa filial, que es la que más opciones tiene de salir adelante ahora.

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Otras fuentes del sector conocedoras de la situación admiten que es lógico que se plantee un control del Estado en la toma de decisiones de esa nueva entidad. Pero muestran serias dudas de que los Escribano acepten una fórmula que restrinja sus derechos.

Una de las claves estará en la valoración de los activos que cada una de las sociedades aporte a la nueva filial, una vez auditadas las cuentas del año pasado.

Indra cuenta con una facturación de 1.400 millones de euros en defensa (la cuarta parte del total) y Escribano, que aún no ha hecho públicas sus cifras, tenía previsto acabar el año pasado con más de 500 millones.

Pero los activos industriales que Escribano puede aportar pueden alcanzar una valoración mayor que los de Indra. Esta última, por ejemplo, aportará la filial de vehículos blindados, está recién creada y pendiente de que se terminen las instalaciones de El Tallerón (Asturias) entre otros proyectos.

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La idea es abrir cinco nuevas fábricas relacionadas con la defensa para finales de 2027 con 400 millones de inversión y multiplicar por cuatro su actual huella industrial.

Tanto Indra como Escribano han mantenido una actividad muy intensa en los últimos meses para alcanzar acuerdos con sociedades y proveedores del sector de la defensa y la tecnología. Eso ha generado un mayor perímetro que también se tendría que evaluar en su parte puramente militar.

Y están encima de la mesa la adjudicación de proyectos y Planes Especiales de Modernización (PEM) que ambas firmas, juntas o por separado, han recibido del último Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Precisamente el desarrollo de esa cartera de proyectos, avalados y financiados a tipo cero en parte desde el sector público, es lo que hace que desde Indra se augure una fuerte progresión del área de defensa este año, para alcanzar una facturación de 2.300 millones de euros.

Consejo el día 25

Todas las espadas están en alto para el próximo consejo, el día 25 de este mes, en el que se va a abordar la cuestión de la integración de Indra con la empresa familiar del que ahora es su presidente, Ángel Escribano.

De hecho, tanto el presidente como su hermano, que es miembro del consejo en representación del 14,3% que controlan de la compañía, no pueden estar presentes en esa reunión ni votar lo que se plantee, para evitar que pueda existir un conflicto de interés.

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A finales del año pasado ese mismo consejo, sin la presencia de los hermanos Escribano, estableció como "de interés estratégico" la unión de ambas firmas, para dar lugar a un actor más fuerte en defensa ante los consorcios que se deben formar en el nuevo mercado europeo del sector.

El rechazo de la SEPI y el Gobierno a la fusión por absorción que se planteó inicialmente desató cierto distanciamiento entre la cúpula de Indra y el Ejecutivo.No obstante, Moncloa siempre había respaldado la estrategia marcada por el presidente en su primer año al frente de la compañía.

Desde la SEPI se lanzaron las alarmas porque esa fusión, con una valoración de Escribano por encima de los 1.500 millones de euros, podía poner en duda el control público de la tecnológica.

Se ha planteado incluso la compra unilateral por parte de Indra de una parte de Escribano, para mantener siempre el poder de decisión en manos del Estado. Incluso la propia Escribano nunca ha descartado seguir por su cuenta, como hasta ahora.

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En el entorno del Gobierno se ha llegado a analizar el cambio de responsables al frente de la empresa. De las nuevas valoraciones que se pongan sobre la mesa y el reparto de poder con la fórmula que finalmente se decida, dependerá en gran medida el futuro de los actuales responsables de Indra.

En ese escenario pesa, además, el riesgo de judicialización que suponen los dos recursos planteados desde la filial europea de General Dynamics (Santa Bárbara), contra dos de las adjudicaciones realizadas a Indra y Escribano.

El Gobierno no quiere entrar en un conflicto mediático tras las demandas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional que están en marcha. Pero para evitarlo es necesario un mayor entendimiento entre los actuales responsables de Indra y los de Santa Bárbara.