El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

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Empresas

Las grandes empresas temen un nuevo 'impuestazo' de Sánchez justificado por la crisis de Irán

El recorrido legislativo puede ser limitado, pero en el sector creen que podría ser un nuevo foco de enfrentamiento con el mundo corporativo

Más información: Cuerpo quiere volver a topar los precios energéticos y rebajar impuestos a los alimentos si el conflicto en Irán se prolonga

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Las claves

Las grandes empresas temen que el Gobierno de Sánchez introduzca un nuevo impuesto extraordinario a energéticas, usando como justificación el conflicto en Irán y sus efectos en el Golfo Pérsico.

El ministro Carlos Cuerpo ha prometido respuestas similares a las de la crisis de Ucrania, que incluyeron ayudas, topes de precios y descuentos en carburantes costeados parcialmente por las empresas.

El Gobierno estudia retomar medidas sociales y fiscales rechazadas anteriormente, como el tope al precio del gas y ayudas a empresas, mientras la posibilidad de un nuevo impuesto dependería del apoyo parlamentario.

Las empresas ven el posible impuesto como parte de una estrategia política de Sánchez para fortalecer alianzas con partidos de izquierda y presionar en el Congreso, recordando situaciones similares tras la invasión rusa en Ucrania.

Las grandes empresas temen que el Gobierno introduzca en el debate un nuevo impuesto extraordinario, principalmente a compañías energéticas, con la justificación del conflicto de Irán y sus ramificaciones en todo el Golfo Pérsico.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL-Invertia, importantes corporaciones creen que la deriva populista de Pedro Sánchez en busca de rédito político a propósito de este conflicto, podría desembocar en un nuevo hostigamiento contra las grandes corporaciones.

Una situación en la que la imposición de un nuevo 'impuestazo' podría ser un anuncio para contentar a sus socios parlamentarios como Sumar o Podemos y utilizarla como moneda de cambio para otros acuerdos en el Congreso.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, prometió en las últimas horas una respuesta "de igual magnitud" a la impulsada en la invasión de Ucrania y en la posterior crisis energética.

De hecho, ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de topar precios a los carburantes -como ya se hizo entonces- con descuentos obligatorios en los combustibles y de los que una cuarta parte fue costeado por compañías como Repsol, Moeve o BP.

Del mismo modo, abrió la puerta para rebajar el IVA a algunos alimentos para evitar la subida de productos básicos, si es que el conflicto escala en intensidad y la inflación comienza a subir.

Por otro lado, en su comparecencia pública del miércoles, Sánchez anunció que estaban estudiando opciones y que no descartaban poner en marcha ayudas a personas y empresas, si entrábamos en una crisis de mayor magnitud.

También se está trabajando en un nuevo escudo social que retomaría medidas que fueron rechazadas por el Congreso hace pocos días, entre los que se encuentra la norma anti-desahucios. Incluso se podría incluir el tope de los precios del gas.

En la crisis de 2022, y tras la invasión de Rusia a Ucrania, también se desplegó el escudo social, ayudas a empresas y, posteriormente, tope de precios de los carburantes. Pero tras estas medidas, el Gobierno elevó el tono y puso en marcha el impuesto extraordinario a las energéticas y a la banca.

Pasaron sólo cinco meses entre la invasión (febrero) y el anuncio (julio) de estos impuestos. La justificación era que las grandes empresas del Ibex se estaban enriqueciendo de forma "extraordinaria".

Fue el colofón del acoso del Gobierno a la gran empresa acusándolas de aportar poco al fisco cuando el resto de españoles sufrían.

En el caso de las energéticas, por la subida de los precios de la electricidad; y en el de la banca, por la subida de los tipos de interés. Esperaba recaudar 7.000 millones de euros en dos años y se ingresaron finalmente 5.800.

En el caso de las energéticas sólo estuvo vigente hasta 2024, porque decayó su prórroga en el Congreso al no contar con el apoyo de Junts y PNV. Y aunque el de la banca prosiguió, la norma está recurrida ante los tribunales.

Apoyo parlamentario

La situación actual -y pese a que todavía estamos en el comienzo del conflicto- tiene muchas similitudes. El Gobierno se plantea poner en marcha las mismas ayudas que entonces y los argumentos de que las grandes energéticas se enriquecen de forma "extraordinaria" también tendrían validez.

En este caso afectaría principalmente a las petroleras, Repsol, Moeve y BP, y a las gasistas como Naturgy. Compañías que -en teoría- se beneficiarían de la subida exponencial del petróleo y del gas en el mercado internacional.

No obstante, el recorrido parlamentario de un eventual impuesto extraordinario sería escaso.

Con Junts bloqueando todas las iniciativas en el Congreso y considerando la cercanía del PNV a las empresas energéticas, es muy difícil que sea aprobado.

Guerra de Ucrania

Con todo, las grandes empresas temen que se pueda utilizar la introducción de nuevos impuestos a las corporaciones como un arma arrojadiza y un argumento populista para mantener viva la lucha contra el PP y Vox.

Nadie se olvida de que la batalla contra los empresarios fue una de las armas más potentes que Sánchez utilizó en la campaña de las elecciones de julio de 2023, estrategia que atrajo muchos votos de la izquierda más radical.

Y todo empezó con la guerra de Ucrania.

Es, por tanto, un temor de que nuevamente se ponga a las empresas en la diana, más que en la certeza real de que pueda ponerse en marcha un gravamen de estas características.

"Deriva populista"

Sería el guiño perfecto a sus socios de izquierda como Sumar -que ya está pidiendo reactivar el escudo social- y otros como Bildu, Podemos o ERC. Una medida que se podría usar como moneda de cambio para lograr otras prebendas parlamentarias.

Lo que está claro es que todos coinciden en que Sánchez ha vuelto a retomar su deriva populista que tantos réditos electorales le ha dado históricamente.

En su comparecencia del miércoles volvió a cargar contra la decisión de Estados Unidos de atacar Irán y defendió su postura de no ceder las bases de Morón y Rota. Al mismo tiempo que confirmó que tirarán de ayudas y gasto público si el conflicto se agrava.

Y en este contexto, los empresarios consultados coinciden en que el puzle populista se completaría con una arremetida contra las empresas y la introducción en el debate de un nuevo 'impuestazo'.