Fachada del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo impide a Santa Bárbara blindar documentos en su pulso con Indra y Defensa
El alto tribunal rechaza que la empresa limite el acceso a escritos clave en el recurso contra los más de 3.000 millones en préstamos.
Más información: Santa Bárbara mantendrá su guerra judicial "lo que sea necesario" por la adjudicación de los obuses a Indra y EM&E
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Santa Bárbara Sistemas para restringir el acceso a documentación clave en el procedimiento que mantiene contra el Ministerio de Defensa y la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering por los préstamos de los Programas Especiales de Modernización (PEM).
La compañía, controlada por General Dynamics, recurrió el Real Decreto 915/2025 al impugnar la concesión directa de más de 3.000 millones en préstamos para los programas ATP Ruedas (1.181 millones) y ATP Cadenas (1.821 millones), así como otros aspectos refutatorios vinculados a estos proyectos de movilidad terrestre sostenible.
Cabe recordar que Santa Bárbara pidió que determinados documentos se declarasen secretos empresariales, limitar su acceso a muy pocas personas y entregar solo versiones parciales de los escritos a algunas UTE personadas, como Indra-Telefónica y Cipherbit-Epicom, dejando fuera motivos completos de impugnación.
El Supremo ha rechazado de plano esa estrategia al considerar que no se pueden fragmentar ni ocultar documentos relevantes aportados por la propia recurrente sin vulnerar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de las demás partes.
El tribunal recuerda que no puede controlar cuántas personas dentro de cada parte acceden a la documentación, pero advierte del deber general de reserva y confidencialidad para todos los intervinientes.
En el trasfondo, se dirime uno de los mayores paquetes de financiación industrial de la defensa reciente y el liderazgo futuro en plataformas terrestres, mientras el alto tribunal deja para fases posteriores el pronunciamiento sobre si la concesión directa de los préstamos y la elección de la UTE Indra-Escribano se ajustaron a derecho.
