El PP pedirá explicaciones al Gobierno sobre la operación de Indra y Escribano porque “no ha sido normal desde el inicio”

Sus dirigentes vigilan de cerca todas las adjudicaciones que se han hecho a la empresa semipública (por 16.000 millones de euros, según sus cálculos), para conocer "quién ha diseñado este camino y cuál es el objetivo final del mismo".

El vicesecretario deEconomía, Alberto Nadal, quiere saber por qué Indra fue elegida para ser un "campeón nacional" en defensa, si no tenía una base industrial. Y también por qué se pone a Ángel Escribano de presidente, si luego se pretende fusionar a ambas empresas. "El pecado es original, no ha sido normal desde el inicio".

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Desde el PP se sospecha que hay algún tipo de acuerdo desde el principio para poner de presidente a uno de los socios de la compañía, y luego pretender unir ambas entidades. Un conflicto de interés de libro, "que no ocurre en ningún país del mundo", en palabras de Nadal.

"Si en la cabeza de ellos (el Gobierno y Escribano) estaba eso, no le haces presidente de la compañía", explicó el responsable del PP. "Un acuerdo así exige una separación total. Ahora lo que se produce es una sensación, cuando menos, extraña".

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Nadal no entró a valorar si la pretensión de Moncloa, un año después de poner a Escribano, es quitarlo ahora o no. Pero ha sido la vez que más críticos se han mostrado desde el PP con la estrategia del Ejecutivo de unir Indra y Escribano.

"Estamos altamente vigilantes de las asignaciones de contratos y de todo el movimiento corporativo que se ha generado entre Indra y otras empresas, porque puede haber más conflictos de interés", señaló Alberto Nadal.

El PP prepara una batería de preguntas al Gobierno para saber qué es lo que está pasando en Indra y cómo se ha llegado a esta situación.

Desde Génova se recuerda que al presidente de la tecnológica lo ha puesto el Gobierno, y ha sido ratificado por el consejo de la compañía, donde hay tres representantes de la SEPI.

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Cabe recordar que en el consejo de Indra se están estudiando en este momento varias alternativas para la integración con Escribano. Todo controlado por una comisión específica que vela para evitar que se vulneren las reglas de la buena gobernanza.

Ángel Escribano llegó hace un año a la presidencia de Indra, por ser considerado el candidato más idóneo. Pero en ese proceso de integración se ha llegado a especular con la conveniencia de que deje ese puesto, para evitar el conflicto de interés que se genera.

¿Por qué Indra?

El PP siempre ha sido partidario de que el Gobierno tenga la menor presencia posible en los consejos de administración de las empresas privadas. Sólo se debe controlar la gestión por razones de seguridad o por su carácter estratégico o sistémico. Y siempre de forma mayoritaria o total.

Pero recuerda que en el caso de Indra, hay otros socios privados que tienen participaciones importantes. A su entender, no se puede comparar el caso de Indra con el de Navantia u otras empresas públicas, que sí están integradas en el sector público.

Con esa premisa básica, los populares se preguntan por qué se ha elegido a Indra como referencia del sector en España, cuando había otras empresas con opciones para hacerlo.

"¿Por qué solo se estudia la alternativa de Indra, y no otras empresas?", se preguntó Nadal, que planteaba la opción de hacer incluso licitaciones públicas para ese proceso, ante el hecho de que la tecnológica no es 100% pública.

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Desde el PP no se mencionan más nombres sobre posibles candidatos, pero sus dudas salen a la palestra cuando más preocupa en el seno de Indra la demanda que ha puesto ante el Tribunal Supremo su rival directo, Santa Bárbara (General Dynamics), contra las adjudicaciones por decreto que se realizaron a finales del año pasado.

A la espera de lo que decida el Supremo, desde la filial europea de General Dynamics han incrementado la presión política sobre la discriminación que entienden que se ha producido en la adjudicación de dos de los contratos de mayor cuantía del decreto, los obuses de ruedas y de cadenas.

La idea de Indra, que controla los programas de los blindados, es adjudicárselos a una empresa coreana, que trasladaría su producción a España, con el consiguiente trasvase de tecnología y empleo.

Frente a ello, la empresa de capital norteamericano y con presencia en otros cuatro países europeos, ha mantenido conversaciones con todos los grupos parlamentarios españoles para explicarles su versión.