Los dos obuses de Santa Bárbara Sistemas (General Dynamics) en la feria Feindef del año pasado.

Los dos obuses de Santa Bárbara Sistemas (General Dynamics) en la feria Feindef del año pasado. E.E.

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Santa Bárbara mantendrá su guerra judicial "lo que sea necesario" por la adjudicación de los obuses a Indra y EM&E

La filial de General Dynamics (EEUU) asegura que toda la tecnología de sus blindados es española gracias al trabajo de sus 1.200 empleados.

Más información: Ángel Escribano pide acelerar “sin demora” las inversiones en seguridad y defensa en un entorno geopolítico incierto.

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Las claves

Santa Bárbara, filial de General Dynamics, mantiene una batalla judicial contra la adjudicación de contratos de obuses al consorcio Indra y Escribano (EM&E).

La empresa ha presentado recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por contratos valorados en más de 7.450 millones de euros.

Santa Bárbara defiende su capacidad tecnológica y pide que se reconozca su experiencia frente a la posible importación de tecnología coreana por parte de Indra y Escribano.

La compañía aboga por un acuerdo que permita la participación de la industria nacional y la preservación de la autonomía estratégica en defensa.

La filial española de General Dynamics, Santa Bárbara, mantendrá su batalla judicial "lo que sea necesario" contra la adjudicación a Indra y Escribano (EM&E) de los contratos para los dos blindados del Ejército. Sólo un acuerdo entre ambas partes evitaría el enfrentamiento en los tribunales.

Tras el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra los créditos concedidos por Industria a esa UTE, interpondrá en una semana otro recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) contra la adjudicación concreta de ambos contratos por más de 7.450 millones de euros.

"Haremos lo que tengamos que hacer para defender a nuestros 1.200 trabajadores. Esa gente necesita que se le reconozca el trabajo que han hecho en estos años, cuando no había nada, y ahora no se cuenta con ellos", ha señalado el director general de Santa Bárbara, Alejandro Page.

Los dos contratos de artillería pesada (obuses) de ruedas y de cadenas son los mayores adjudicados en la última ampliación del presupuesto de Defensa, dotados con 7.450 millones de euros (en concreto, 2.896 para el de ruedas y 4.554 para el de cadenas), en la que las grandes agraciadas fueron Indra y Escribano.

El responsable de Santa Bárbara asegura que no se trata de echar por tierra esa adjudicación del Gobierno. Lo que buscan es un acuerdo para que esos contratos vayan a parar a la empresa española (de capital americano), porque es la única en Europa con tecnología y capacidad para hacerlo, junto a la alemana Rheinmetall.

Page asegura que se trata de tecnología española, instalada y desarrollada por ingenieros y técnicos de aquí. Frente a ello, la intención de Indra y Escribano es traer a España un producto similar de tecnología coreana, partiendo desde cero en unas instalaciones (El Tallerón) que todavía no se han puesto en marcha.

"Allí donde tenemos producto nacional y español, queremos participar", aseguró Page. "No hay propuesta más nacional que la de que utilicen a Santa Bárbara, en lugar de traer algo que viene de miles de kilómetros", señaló en un encuentro con los medios para explicar la estrategia jurídica.

Desde Santa Bárbara aseguran que su apuesta es por "la coexistencia". Ponen como ejemplo de ello el consorcio Tess Defence, donde se desarrolla el 8x8 Dragón y el VAC de cadenas, en colaboración con Indra, Escribano y SAPA.

"Sólo intentamos que no se destruya la capacidad que hay ahora en España. Podemos ser contratista principal o no, lo que se quiera. Pero tener el conocimiento y las capacidades, con más de mil empresas colaboradoras, eso sí es autonomía estratégica", advirtió Alejandro Page.

Periplo jurídico

Desde un punto de vista jurídico, el Tribunal Supremo se tendrá que pronunciar en apenas una o dos semanas sobre las medidas cautelares pedidas en el recurso contra los préstamos que el Ministerio de Industria concede a las dos empresas españolas para que desarrollen el programa, que luego pagará Defensa.

Aunque no se impusieran medidas cautelares, la filial española de General Dynamics continuará con el recurso de alzada contra la adjudicación, a la espera de una resolución final del alto Tribunal.

Fuentes jurídicas consultadas y conocedoras del proceso administrativo, aseguran que es importante que el producto elegido para la adjudicación pública directa sea único en España, en primera instancia, y en la UE, como segunda opción. Sólo cuando esas opciones no existen, se puede acudir a otros mercados exteriores.

Page aseguró este lunes que se han visto obligados a presentar el recurso porque el pasado 17 de diciembre se pasaba la fecha para hacerlo, y no había un entendimiento con Indra ni con el Gobierno para llegar a un acuerdo.

"La UTE no es la única con capacidad para articular este programa -advirtió Page-, aunque con tiempo y con dinero cualquier empresa puede, aunque no se haya dedicado a ello en la vida. Podemos hacerlo así, gastando tiempo y dinero, y destruyendo la capacidad que ya se tiene", recriminó.

Desde Santa Bárbara mantienen el contacto abierto con el Gobierno, los grupos parlamentarios y la propia Indra en busca de un pacto que evite una guerra judicial, que se llevará a las instancias europeas si es necesario, aunque por el momento no lo tengan previsto.