Icónica cuestiona la solvencia de las empresas que le disputan la Plaza de España tras perder nuevos patrocinios y artistas

El tiempo de silencio en la controversia entre empresarios del espectáculo por el uso de la Plaza de España ha terminado por parte de los organizadores del Icónica Santalucía Sevilla Fest, que entran con las frases del anterior párrafo de lleno en la fase de contraataque.

Porque ya sienten los perjuicios –han perdido la posibilidad de cerrar algunos nuevos patrocinios y también la participación de varios artistas– y porque están convencidos de que la denuncia presentada por 16 promotores ante la Fiscalía recientemente –pero también la amenaza durante meses de que darían este paso– no son más que una campaña de desprestigio, sin base legal ni económica.

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Lo creen con varios argumentos. Uno de ellos, en el que más se apoyan, es que la ordenanza del Ayuntamiento de Sevilla en la que se basa el uso del recinto, prevista para eventos efímeros, no exige que haya licitaciones.

Lo más importante es que no coincidan en fechas dos proyectos que pretendan usar ese espacio, y en ese caso es el consistorio el que decide. Por tanto, todos los promotores que así lo deseen podrían avanzar, no tienen ellos la exclusividad, aseguran.

El problema, añaden justo a continuación, es que quizá tal vez no puedan. Porque aquí se esconde el otro gran señalamiento con el que contraatacan tras acusar el escozor causado por la pérdida de nuevos anunciantes y cantantes, una cuestión que no descartan valorar en el futuro incluso para avanzar con acciones legales, dado que consideran que ha habido un daño reputacional.

La solvencia

"Somos el único festival sostenible únicamente con dinero privado", insisten desde Icónica, con la salvedad de unos 150.000 euros que recibieron el año pasado al promocionar la campaña de turismo de la Junta 'Andalusian Crush'.

Implícitamente, se expande la duda sobre si ésa condición también se da entre los denunciantes ante la Fiscalía, una lista en la que, como ya contó este periódico, hay empresarios con décadas de experiencia que han organizado eventos de éxito y relevancia indiscutible, como la primera gira de Operación Triunfo hace algo más de veinte años y que logró el entonces récord de vender un millón de entradas en un solo día.

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Pero también están creadores de festivales que son referencia no ya en Andalucía, sino en el conjunto de España. Algunos ejemplos son el festival Mediterránea o el proyecto Conciertos Movistar; también figuran en su experiencia la organización de ferias, como la de Albacete.

Ante ellos se recruce ahora la guerra también con el argumento de la solvencia. ¿Pueden presentar estas empresas proyectos capaces de competir en una posible licitación contra Green Cow, la mercantil detrás de Icónica?

La pregunta parece ociosa dado que el argumento presentado es que con la ordenanza municipal actual no es necesaria licitación alguna, y que en caso de hacerlo sería el pliego de condiciones el que determinase qué envergadura de evento se busca, sin que deba por fuerza ser igual a Icónica, pero desde el festival de la Plaza de España se plantea en cualquier caso en aras de cuestionar la verdadera intención de quienes le han declarado la guerra.

Su lógica es que, si no pueden plantear algo similar, lo que se persigue es emprender una competencia desleal.

Con este planteamiento, si la solvencia económica que se exige en una licitación pública es al menos el coste de la actividad licitada y que esa cifra se haya alcanzado durante los tres ejercicios anteriores, ¿cuántas pueden desembolsar los 12,5 millones que costó, por ejemplo, organizar Icónica el año pasado?

La respuesta, a tenor de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y que se transmite desde el entorno del festival, es que apenas una de los 16 promotores que han acudido a la Fiscalía se acerca al volumen de negocio. Algunas incluso han presentado algunos años una cifra de negocio de 14.000 euros; otras dos llevan tres años consecutivos con cero euros declarados.

Legalidad

Al margen de la situación económica de los competidores, desde Icónica subrayan la legalidad del sistema a través del cual obtienen su sitio en la Plaza de España, que no está, matizan, asegurado a prueba de bombas.

El anuncio realizado junto al alcalde, José Luis Sanz, de que permanecerán hasta 2031 se basa en una convenio con Contursa más en el ámbito de la intención que en el de la concesión; el convenio tiene carácter anual y, al pretender que se extienda durante seis años, lo que se persigue es dar una estabilidad al festival para pensar a varias ediciones vista.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, el movimiento ante la Fiscalía les parece propio de una competencia desleal ante la que ya han presentado un escrito de defensa. Insisten en que los números presentados en esa denuncia sobre Icónica son falsos y que no se concreta quién ha incurrido en qué delitos.

La guerra, ahora sí, se ha desatado.