Tras Oroberia, la misteriosa empresa que busca oro en pueblos de Guadalajara y se ha topado con el rechazo social

Esta promotora ha presentado un proyecto denominado ‘GUA’ para buscar oro en la zona, pero nadie lo quiere. Los pueblos se oponen en bloque por su impacto medioambiental. Pero, ¿qué es esta empresa y quién está detrás?

La información más básica y pública nos dice que se trata de una sociedad creada en marzo de 2025 con domicilio social en Salamanca (en un despacho de abogados del que son clientes) y con un capital de 3.000 euros.

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Estos dos aspectos son los que han hecho saltar las alarmas entre vecinos de estos municipios. De hecho, una de las alegaciones realizadas desde Medranda alerta sobre el reducido capital de la compañía y su reciente creación.

“No aporta garantías suficientes sobre viabilidad, responsabilidad, transparencia y seguridad del proyecto”, dice.

Ello genera “incertidumbre sobre la gestión de potenciales daños ambientales y socioeconómicos”, reza.

También pone el foco en el origen de su matriz, cuya estructura societaria ubicada fuera de la UE despierta un “mero interés especulativo”.

Spanish Mining Ventures

Detrás de Oroberia está la empresa australiana Spanish Mining Ventures, que también es matriz de otras filiales en España como Fomento Minero del Cobre o Iberian Phosphates, según el Registro Mercantil.

Casualmente, Spanish Mining Ventures también se creó en marzo de 2025, tal y como consta en los registros de empresas de Australia. Estos registros no permiten ir más allá y conocer exactamente quién está detrás.

No obstante, fuentes cercanas a Oroberia consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia confirman que “Spanish Mining Ventures es una joint venture, un acuerdo entre inversores australianos”. Se trata de algo serio ya que aseguran estar arriesgando su dinero en esta investigación.

En un inicio, para los tres años de investigación el presupuesto para el proyecto ‘GUA’ es de 1.209.510,19 euros. Cifra parecida al de los otros dos planes presentados por Oroberia en la zona (‘DALA’ y ‘JARA’). En total, casi 4 millones de euros. Luego, si sale adelante, vendrán más inversiones.

Según ha podido saber este periódico, parte de esos inversores están relacionados entre sí a través de otras multinacionales australianas como Osmond Resources o Highfield Resources.

Ambas compañías se dedican a proyectos de minerales críticos o mineros en España. Cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) y facturan grandes cantidades de dinero.

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Una prueba de ese vínculo es la conexión directa que hay entre sus directivos. El administrador único de Oroberia es Gonzalo Mayoral Fernández. Es un ingeniero de minas y el director del proyecto de investigación en Guadalajara que figura como director comercial de Osmond Resources.

Uno de los tres apoderados de Oroberia, Anthony Hall, también ostenta cargos en Osmond. Concretamente es director general y CEO de la multinacional.

Anteriormente estuvo al frente de la australiana Highfield Resources y, en consecuencia, de su filial en España, Geoalcali (para la que también trabajó Gonzalo Mayoral).

Curiosamente esta sociedad también se constituyó con un capital de 3.000 euros y con sede social en Salamanca. Todo muy parecido a Oroberia. De hecho, Roberto Fernando Martín Buenadicha, el tercer apoderado de Oroberia, también lo fue de Geoalcali en sus inicios.

Eso fue en 2011. Geoalcali consiguió sacar adelante el proyecto minero Muga, una mina de potasa en Navarra y Aragón que a día de hoy se encuentra paralizada.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) anuló uno de los permisos de explotación tras el recurso de asociaciones ecologistas. De hecho, eso llevó a que el principal inversor de la mina, la China Minmetals Corporation, se retirara del proyecto. No obstante, ya ha conseguido nueva financiación.

3D de instalaciones proyectadas en suelo navarro del proyecto Mina Muga de la empresa Geoalcali. Europa Press

Por último, el cuarto apoderado de Oroberia en discordia es Francisco J. Menéndez Simón. Es ingeniero técnico de minas. Figura como director facultativo y responsable de Seguridad e Higiene en el trabajo en el proyecto minero.

También está relacionado con sociedades australianas, como Iberian Mining Enterprises, filial de Global Mining Enterprises.

Los cuatros directivos coinciden como apoderados o administradores únicos en unas cuantas filiales en España cuyas matrices son todas australianas.

Lo que denota un potencial interés de las grandes multinacionales de este país en los minerales que se esconden debajo de España.

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Lo habitual, según fuentes del sector energético, es que estos grandes inversores creen filiales específicas para cada proyecto. Oroberia es una sociedad constituida expresamente para tres proyectos mineros en Guadalajara (‘GUA’, ‘DALA’ y ‘JARA’) y otro en Toledo.

No hay que olvidar que la empresa ha solicitado permiso para el proyecto de investigación minera 'Cabrahigo's, según cuenta Alberto Mayor, presidente y portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara.

En este caso, afectaría a las provincias de Toledo (términos municipales de Hontanar, Menasalbas y San Pablo de los Montes) y Ciudad Real (Navas de Estena y Retuerta del Bullaque).

Pero a pesar del entramado societario, fuentes cercanas a Oroberia defienden que “todos estos profesionales tienen una trayectoria en el sector minero acreditada” y que se trata de “un equipo potente”.

Rechazo rotundo

En la documentación hecha pública, Oroberia dice que “el objetivo de la empresa es identificar, en la zona del permiso, uno o varios yacimientos susceptibles de su aprovechamiento en estos hallazgos minerales identificados, evaluar sus reservas, su viabilidad técnica y económica y en caso de resultado positivo, proponer una explotación minera”.

En concreto, quiere realizar seis sondeos en una primera fase, y si los resultados son positivos otros seis en una segunda, con una profundidad de entre los 300 y 400 metros. El plan contempla una duración estimada de los trabajos de tres años y un presupuesto de algo más de 1,2 millones.

Presupuesto del proyecto minero GUA.

Los ayuntamientos afectados por el proyecto GUA tuvieron constancia, a través de una carta recibida en agosto, del proyecto de Oroberia. A partir de ahí, los consistorios locales, vecinos, asociaciones ecologistas, grupos de caza y hasta el cura de estas parroquias se organizaron para alegar contra el proyecto.

¿Por qué se oponen? “Este proyecto contamina el agua y el aire, afecta a la fauna, a la caza y no da puestos de trabajo ni genera riqueza”, asegura María José Perucha, portavoz del grupo ‘Ni cata ni minas’ que se encarga de informar a los vecinos del proceso.

Esta vecina, además, afirma que este proyecto “acaba con la forma de vida de estos pueblos” donde existe una agricultura y ganadería sostenible, turismo rural y un patrimonio natural conformado por rutas como ‘El Camino del Cid’.

Según Ecologistas en Acción, 1.782 hectáreas, es decir, el 63,64 % del territorio afectado, son Hábitats de Interés Comunitario. También hay dos espacios de la Red Natura 2000: Valle del río Cañamares y Riberas del Henares.

Proyectos mineros GUA, DALA y JARA en Guadalajara.

Desde la asociación van más allá y alertan de que incluso puede afectar a las investigaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en pueblos como el de Pinilla de Jadraque.

Según ha podido saber este periódico, desde Oroberia confían en que el proyecto salga adelante. Defiende que la “minería es una actividad reglada”, pero son conscientes de la desconfianza de los vecinos y “no quieren guerras”.

De hecho, si el proyecto sale adelante estarían dispuestos a reunirse con los ayuntamientos para transmitir algunos de los beneficios económicos que traería a la zona. De momento y, por lo prematuro del proyecto, eso se traduciría sólo en el pago de impuestos municipales.

Pero los pueblos dudan de ese beneficio económico y se oponen en bloque. Lo mismo ocurre con los otros ayuntamientos afectados por los proyectos ‘DALA’ y ‘JARA’. Entre los tres se verán afectadas casi 15.000 hectáreas que se extienden desde el municipio de La Toba hasta el de Atienza, pasando por Pálmaces, Riofrío del Llano y Sigüenza, entre otros.

Situación del proyecto

Ahora mismo, “el proyecto está en fase de estudio, pero se han recibido muchas alegaciones”, aseguran a este periódico fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, quien quiere dejar claro su principal misión en este análisis: salvaguardar el medioambiente.

Legalmente hay un plazo de entre dos y cuatro meses para que esta consejería resuelva el procedimiento y se espera que antes de finalizar el año haya una resolución por su parte.

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De hecho, según ha podido saber este periódico, lo más normal es que este proyecto pase a una fase de evaluación ordinaria (ahora está en una evaluación simplificada). Esto alargaría más el proceso de un proyecto que califican de “problemático” por la gran oposición social que ha despertado.

También es probable que en algunas zonas no sea favorable o no se pueda realizar el sondeo. Algo que para el portavoz de Ecologistas en Acción podría ser un factor clave para que Oroberia desista del proyecto.

Vistas las posiciones de cada protagonista en este relato, sólo hay algo en lo que todas las partes afectadas coinciden: el proyecto sólo saldrá adelante si hay garantías medioambientales. Y aquí, de momento, la balanza está a favor de los pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara y su pretensión de parar el proyecto. Otra historia en la que David podría ganar a Goliat.