Después de tres días de tribulaciones desde que el Gobierno bloqueara la opa de BBVA sobre Sabadell, Carlos Torres se encuentra en un atolladero.
La decisión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, obliga a la dirección del banco vasco a adoptar medidas y, sobre todo, a decidir si asume un riesgo político y económico -a tres años vista- de consecuencias incalculables en este momento.
Tanto es así que algunos de los accionistas clásicos del BBVA e inversores institucionales, empiezan a presionar a Torres para que vuelva al inicio de la operación con el Sabadell.
Es decir, a retirar la opa hostil y plantear una fusión amistosa, 'de tú a tú', que sería bien vista en Cataluña y en el Gobierno.
Dichos inversores aseguran que sería la mejor fórmula para encontrar una salida que no ponga en riesgo el banco, pero tampoco la estrategia planteada por Torres para el futuro de la entidad. Y esta pasa, indefectiblemente, por crecer y diversificar el riesgo divisa.
Ahora bien, también está sobre la mesa la opción de seguir adelante, algo que según Bloomberg se está sondeando entre inversores de ambos bancos.
También podría darse el caso de que el banco olvide la operación y buscar otras alternativas en el mercado que reduzcan la dependencia de BBVA del negocio en México y Turquía.
Eso sería un varapalo importante para Carlos Torres, cuya gestión va ligada a esta operación, a la que -como mínimo- le quedan tres años para fructificar. El mismo tiempo que él tiene de mandato en la entidad.
No sólo eso. No hay que olvidar que Carlos Cuerpo ha insistido en las últimas horas en que la fusión no sólo está bloqueada durante tres años. Es que pasado dicho período tendrá que volver a pasar por el Consejo de Ministros.
Ir hacia adelante supone, por tanto, un riesgo muy alto en un mercado financiero internacional donde los tipos y las monedas fluctúan y la convulsión geopolítica ha cargado de incertidumbre cualquier decisión de alto alcance.
Las fuentes financieras consultadas advierten de que una parte importante del capital del BBVA está controlado por fondos de inversión y accionistas internacionales.
Estos huyen de un enfrentamiento con los gobiernos en los países que operan y no verían con buenos ojos una guerra del banco con Moncloa a tres años o más.
Máxime porque el mensaje del Gobierno que ha calado en los inversores (nacionales y foráneos) es que estamos ante un 'placaje' político sobre el BBVA.
¿Con qué objetivo? Evitar que tome el control de un mercado como el catalán y los nichos de negocio de pymes e industria que mantiene la entidad que preside Josep Oliú.
Por tanto, explican las fuentes consultadas, una vuelta a la integración amistosa de ambas entidades serviría para encauzar y garantizar la financiación de las empresas y los clientes catalanes. También de Baleares y Valencia.
Además, tampoco generaría -creen- un malestar político y social al no tener una parte ganadora y otra perdedora. Lo contrario de lo que sucede en este momento.
Fuentes no oficiales consultadas en ambas entidades ven con buenos ojos la vuelta a esa vía.
También fuentes socialistas cercanas a este proceso aseguran que Economía tiene la puerta abierta a negociar detalles de las condiciones impuestas o, incluso, a que se ponga en marcha una nueva operación que no sea hostil.
Sobre todo ante la dificultad que presenta ahora la opción de seguir adelante sin garantías en tres años. O ante la posibilidad de que el BBVA decida llegar al Supremo y declarar la guerra al Gobierno.
Exceso de politización
Accionistas y asesores critican también la elevada politización que ha cogido esta operación.
Creen que Carlos Torres se encuentra en un callejón sin salida. Incluso, ante un hipotético cambio de Gobierno, toda vez que el PP no ha especificado todavía su postura sobre el bloque a la opa.
Las fuentes consultadas creen que hay un alto riesgo de que, con otro Ejecutivo, y ante una aritmética parlamentaria impredecible tras unas elecciones, la fusión prorrogada sea usada como moneda de cambio con las fuerzas nacionalistas. Es decir, lo mismo que ha ocurrido ahora.
Desde el sector jurídico 'entienden' que la argumentación legal del Gobierno sobre los criterios de interés general y el manejo de la Ley de Defensa de la Competencia roza los límites de lo razonable.
Sin embargo, Carlos Cuerpo se ha mostrado muy tranquilo ante una hipotética batalla legal. Y eso que el Estado puede verse obligado a tener que enfrentarse al BBVA en una de las salas conservadoras del Alto Tribunal (Contencioso Administrativo).
De momento no hay nada claro. Pero en el banco azul mantienen abiertas todas las opciones. Desde seguir y/o plantar batalla en el Supremo, hasta retirarse.
Eso sí, están muy pendientes de los movimientos que pueda hacer el Sabadell, sobre todo si finalmente decide vender su filial tecnológica británica TSB, lo que imposibilitaría aún más la operación.