Fachada del Tribunal Supremo.

Fachada del Tribunal Supremo. Efe

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Emerita Resources lleva hasta el Supremo su batalla por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

La compañía presenta un recurso tras ver desestimado por el TSJA un proceso interpuesto contra la empresa que explotará la mina.

Más información: El resurgimiento sin cierre de Aznalcóllar: la mina vuelve a la vida con el juicio por su concesión pendiente de fin

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La batalla legal por la mina de Aznalcóllar llama a las puertas del Tribunal Supremo. Allí ha decidido recurrir Emerita Resources la adjudicación del yacimiento que explotará Minera Los Frailes, sociedad creada por el consorcio Minorbis-Grupo México, ganador hace una década del concurso.

La compañía da el paso tras ver cómo desestimaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado abril su recurso contencioso-administrativo por esta adjudicación.

Aquella era una iniciativa legal que corría en paralelo al proceso que se desarrolla actualmente en la Audiencia de Sevilla también por esta adjudicación, aunque en este caso por la vía penal: se piden penas de cárcel para 16 personas, por presuntamente haber cometido delitos como tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.

En el recurso administrativo que ahora lleva al Supremo, Emerita argumentaba que se había otorgado por la "vía de hecho" la adjudicación a Minera Los Frailes.

Porque ésta sociedad, exponía, no era la que había participado en el concurso, en el que figuran los nombres de Minorbis y Grupo México, el primero como licitador y el segundo como garantía de solvencia económica.

El TSJA desestimó íntegramente el recurso, y ahora Emerita se vuelve hacia el Supremo. Los trámites formales han concluido ya y ahora, afirma en un comunicado, el alto tribunal debe analizarlo para decidir si lo admite a trámite.

16 acusados

Mientras, continúa el juicio en la Audiencia de Sevilla por esta adjudicación. El calendario de vistas orales se retoma el próximo lunes con la declaración del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Cecilio Fernández Guerrero.

Es uno de los 16 acusados que se sientan en el banquillo. En ese grupo están también funcionarios de la Junta de Andalucía y los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel, dueña de Minorbis.