El BBVA se debate entre ir a la guerra con el Gobierno o una retirada a tiempo y buscar alternativa al Sabadell

Carlos Cuerpo daba este martes por cerrada la parte de defensa de la competencia de la operación con su condición única para permitir la operación: que el BBVA se resigne a no alcanzar las sinergias de la fusión hasta casi 2029, como muy pronto.

Torres y su consejo evalúan ahora con urgencia una situación muy complicada que pasaría por recurrir esas condiciones al Tribunal Supremo y plantear una guerra frontal con el Gobierno; o hacer una retirada a tiempo y buscar alternativas al Sabadell en el mercado europeo.

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Antes de llegar a esta encrucijada, BBVA ya había dicho que estaba dispuesto a compartir las dos marcas durante un periodo de tiempo en caso de hacerse con la mayoría del Sabadell, si fuera necesario.

Pero en ese momento no contaba con una prohibición del Gobierno para ahorrar gastos en tecnología o administración, ni evitar cuadros de personal duplicado, algo que sí ocurre en todas las demás opas y fusiones del mercado.

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Los casi 850 millones al año de ahorro anual que se calculaban para la operación han sido fulminados por Carlos Cuerpo con una decisión tras la que, de repente, el Ejecutivo se retira del escenario y le deja al BBVA y a su presidente una de las decisiones más difíciles de su vida.

Pero toda la incongruencia que esas condiciones puedan tener en el ámbito puramente económico o de la libertad de empresa y la circulación de capitales en la UE, es un acierto a tres bandas en la salvaguarda de los intereses políticos de Sánchez, el Govern y los socios catalanes del Parlamento.

Cuerpo se afana en explicar que en la base de todo está el interés general de los clientes, las pymes y los más de 42.000 trabajadores de ambas entidades.

Pero del lado político, la condición 'salomónica' que ha impuesto el ministro también avala el apoyo de ERC y Junts a la acción de gobierno en Madrid y Cataluña, cuando más falta hace.

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La carga de riesgo que todo esto supone se la lleva de forma íntegra el presidente del BBVA, que tiene ante sí la opción de no achantarse y arriesgar su cuenta de resultados a tres años vista, con los dedos cruzados para que no sean cinco; o de echarse para atrás y darse por derrotado con la excusa de que una retirada a tiempo es una victoria.

Un año en el Supremo

Entre una cuestión y otra está siempre la opción de recurrir las condiciones que el Consejo de Ministros ha impuesto, con sus argumentaciones sobre el "interés general" protegido, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

La Sala, de mayoría más bien conservadora, evaluaría la proporcionalidad de las medidas y los criterios de interés general del Gobierno, frente a cuestiones como la libertad de empresa y la libre competencia.

En esa ponderación entre unos y otros intereses, desde el ámbito jurídico se recuerda que la clave estará en "el espíritu de la norma" (Ley de Defensa de la Competencia), derivado del contenido de su preámbulo y que apunta siempre a buscar un interés más favorable al caso, no un bloqueo.

Es la primera vez en la historia que se usa esta norma para endurecer las posturas de una fusión. El propio Cuerpo ha recordado que el informe de la Abogacía del Estado que han pedido advierte que no se dice expresamente en el articulado que se deben suavizar siempre.

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Fuentes expertas en derecho administrativo aseguran que esa disquisición del Supremo tardaría un año en resolverse, el primero de los tres de moratoria para la fusión en caso de que BBVA tirase hacia adelante con la operación.

No es la primera vez que el Alto Tribunal bloquea las condiciones del Gobierno a una fusión. Pero esa batalla jurídica abriría un segundo frente legal muy duro para el banco, con el Ejecutivo enfrente, y pendiente todavía de su posible responsabilidad penal como persona jurídica en el caso Villarejo.

Fuentes jurídicas conocedoras de la situación legal de la entidad le dan también fuerza a las acciones legales que pueda abrir la Comisión Europea, en una operación que cuenta con el visto bueno del BCE y la CNMC.