La debilidad de Sánchez ante Illa, Junts y ERC juega a favor del Sabadell en la opa de BBVA

La situación que había en España cuando hace un mes se lanzó la consulta pública y Carlos Cuerpo elevó la decisión final sobre la opa al análisis del Consejo de Ministros, no se había puesto tanto en duda como ahora, tras añadir a Cerdán a todos los tejemanejes de Koldo y Ábalos.

Desde el sector financiero aseguran que la opa ha sobrevolado la ronda de conversaciones de urgencia del presidente con los grupos parlamentarios en busca de apoyo para aguantar al frente del Ejecutivo, con una petición cuasi unánime de la parte catalana y de los socios de Sumar para que se bloquee la operación.

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Como presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa se sabe tenedor de una gran parte de los votos que todavía le pueden quedar a Sánchez, algo que estaría en riesgo si desde Moncloa no le hacen caso y dejan que BBVA absorba Sabadell.

Fuentes políticas socialistas aseguran que la pérdida de la marca Sabadell en Cataluña sería un arma en manos de ERC y Junts para recuperar terreno perdido a nivel interno en las urnas el año pasado. Por no hablar de un posible adelanto de las generales.

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Más allá de la politización de esta operación, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, puso sobre la mesa hasta cinco grandes criterios de "interés general", muy abiertos, susceptibles de poder encajar las condiciones concretas que el Gobierno decida.

Aunque desde ambos bancos se niegan a hacer especulaciones que puedan pesar en una u otra dirección, desde el sector se entiende que la mayor preocupación 'política' está en el ajuste laboral que habrá que hacer, junto al rechazo territorial en Cataluña, Valencia y Baleares a quedarse sin la marca del Sabadell de un plumazo.

En las condiciones que se plantea el Gobierno se impone el criterio de Cuerpo de "la protección de los trabajadores", algo que se ha comprometido a hacer el BBVA, pero cuya indefinición previa en la oferta pesa sobre la decisión del Ejecutivo.

Las estimaciones de las propias entidades apuntan a un excedente de unos 2.500 trabajadores, algo más del 5,5% de los más de 42.000 que tienen ambos bancos, si bien se trataría de hacerlo con bajas voluntarias y salidas incentivadas.

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Hasta que no se conozcan las condiciones del Gobierno y si la opa sigue adelante o no, será imposible calcular ese impacto, pero fuentes jurídicas conocedoras de la operación advierten que no se puede poner en duda como criterio general que BBVA "protegerá" a los empleados.

El otro gran agarre del Ejecutivo para poner condiciones será la cuestión de la "cohesión social", entendida como el arraigo de las oficinas y la imagen del Sabadell en sus zonas geográficas de más influencia y presencia.

Marca y cohesión

Desde el ámbito jurídico entienden que eso se puede traducir en la imposición del mantenimiento de ambas marcas por un tiempo en caso de que BBVA se haga con el control.

Esa moratoria para que las dos fichas bancarias y sus enseñas se mantengan puede tener un coste añadido, pero ha sido algo que desde el banco vasco no se ha descartado en ningún momento, siempre que sea viable y limitado en el tiempo. 

Los otros tres criterios enumerados por el ministro de Economía, como el "potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial" o "promover el desarrollo tecnológico", entran en el análisis que ya ha realizado el BCE y el Banco de España, para autorizar la operación.

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Por último, el objetivo de garantizar "la paz social" se considera desde el sector bancario como un guiño político a los sindicatos y los socios del Gobierno, para usar como respaldo ante las posibles condiciones de control del ajuste laboral o el cierre de oficinas.

En caso de instrumentar condiciones concretas con estos criterios, los abogados especializados en competencia advierten de que será necesario argumentarlo con "la máxima legalidad" para que tengan sentido desde el punto de vista jurídico. 

Al BBVA le quedará en todo caso el recurso al Tribunal Supremo si entiende que las condiciones impuestas se salen de lo legalmente aceptable o van en contra de los criterios previos del BCE y la CNMC. No sería la primera vez que revoca unas condiciones estatales a una operación de fusión empresarial.

De una forma o de otra, los juristas consultados dan casi por hecho que todas las condiciones que imponga el Gobierno pueden ser reconducibles, junto a los compromisos que el BBVA adquirió con Competencia.

La única que se sale del análisis político es la posible venta de la filial tecnológica de Sabadell, TSB, antes de que los accionistas se pronuncien, dado que el golpe financiero que supone a la operación la dejaría fuera de lugar.