El Gobierno camufla la responsabilidad de REE anonimizando la culpa del apagón y cargando contra las eléctricas

El Gobierno da carpetazo así a la investigación sobre el apagón del pasado 28 de abril. Anonimiza, además, los nombres de los operadores implicados para evitar que puedan ser identificados. Eso sí, deja claro en todo momento que las energéticas tuvieron un poco más de responsabilidad que el operador del sistema.

Fuentes jurídicas especializadas advierten de que equivocarse en los cálculos (que sería el "error" de Redeia), si pensabas que eran correctos, no es punible; mientras que no reaccionar como debieran por parte de las centrales térmicas, sí lo es (que es la acusación que el Ejecutivo hace veladamente contra las energéticas).

Esto quiere decir que la culpa recaería sobre las grandes compañías eléctricas, que son las propietarias de las centrales térmicas (ciclo combinado) programadas para controlar la tensión, que "no actuaron como estaba previsto" pese a haber sido retribuidas para ello, en palabras (repetidas) de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El Gobierno cree que REE falló al programar un mix que no frenó el apagón y culpa también a las eléctricas

Grandes grupos como Endesa o Iberdrola ya han contratado a los mejores asesores legales del mercado a sabiendas de que se avecina una guerra jurídica en la cumbre, a pesar de que las consecuencias concretas en forma de pago de indemnizaciones pueden durar más de un lustro.

Ahora toca el turno a los expertos en energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Serán ellos quienes depuren responsabilidades.

Ahora están a la espera de recibir todos los datos que se han manejado en la comisión de investigación del apagón para elaborar su propio informe independiente.

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La investigación de la CNMC hará la primera evaluación sobre la carga de responsabilidad de cada cual en el ámbito administrativo, y propondrá sanciones, pero siempre queda el recurso al ámbito judicial, que depurará daños, culpas y pagos.

Dadas las tremendas consecuencias del apagón, todo apunta a una sanción administrativa máxima a las partes de hasta 60 millones de euros, recurrible ante la Audiencia Nacional, que puede pararla o ratificarla como paso previo a la revisión final de los hechos en un juzgado.

La parte más grave estará precisamente en ese nivel, el judicial, dado que de la avalancha de demandas particulares que se interpongan por los daños causados en hogares, empresas y entidades de todo tipo, se derivarán pagos millonarios para los responsables.

Las eléctricas alegarán la falta de previsión de Redeia para demostrar su carga de culpa, pero los jueces analizarán todos los requerimientos técnicos que suponía ser una de las centrales térmicas encargadas de reaccionar ante el exceso de tensiones en el sistema, como contrapeso.

Fuentes consultadas entre expertos del sector aseguran que Redeia tenía seis centrales conectadas en el momento, de las nueve que había sobre aviso y un conjunto de hasta 30 que pudo programar, con lo que su parte de culpa es "evidente" y no debe ser minimizada.

Las eléctricas alertan de nuevos apagones este verano porque sigue habiendo problemas de inercia y frecuencia en la red

Incluso no se descarta analizar la posible incidencia que tuvo en todo el proceso la "oscilación atípica" que generó "una instalación específica con un comportamiento anómalo" media hora antes del apagón. En concreto, una planta fotovoltaica.

Sara Aagesen advirtió que no era una oscilación "conocida" y "duró más de lo habitual", hasta el punto de que obligó a reaccionar a Redeia y a tensionar las redes por encima de lo que era recomendable.

En el reparto de culpas y sus consecuencias jurídicas entrarán en menor medida las renovables (fotovoltaicas) que pudieron desconectarse de la red cuando hacía falta su generación, si bien demostrar este extremo será complicado, advierten los juristas consultados.

Lo que parece claro, solo con los datos "anonimizados" del informe de Aagesen es que se abre un nuevo frente entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas, que durará muchos años y tendrá infinidad de litigios, cuando apenas se acababa de cerrar la guerra por el impuesto energético.

El Gobierno 'se lava las manos'

Las conclusiones del informe dejan ver esta doble responsabilidad mencionada: REE y las eléctricas. Pero el Gobierno evita depurar responsabilidades y deja la pelota en el tejado de la CNMC y la justicia.

El informe señala que REE no sustituyó adecuadamente la capacidad de generación tras la indisponibilidad de una central convencional clave el día anterior, lo que derivó en una mala programación del sistema.

Además, apunta que durante la mañana del 28 de abril, se produjeron dos oscilaciones graves en la frecuencia del sistema. Una de ellas con origen en una planta fotovoltaica del suroeste peninsular, cuyo comportamiento fue "anómalo".

Varias centrales convencionales programadas para absorber energía reactiva fallaron en su función esa mañana, e incluso algunas contribuyeron a empeorar la situación, según el análisis. A esto se suma que varias plantas fotovoltaicas se desconectaron de forma "indebida" antes de tiempo.

Pese a las conclusiones, en palabras de Aagesen, “esto no es un examen judicial”, sino un ejercicio para identificar problemas y tomar medidas correctoras. Lo fundamental es extraer lecciones operativas "para evitar que un evento similar vuelva a producirse".

En paralelo, los procedimientos administrativos y judiciales ya han sido activados. La CNMC ha hecho pública su propia investigación en curso. Transición Ecológica ha anunciado que dará traslado oficial del informe a los órganos competentes, con el fin de que se evalúe si procede establecer sanciones o responsabilidades legales.