Abertis espera poder iniciar en breve las negociaciones con el nuevo Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, para zanjar una disputa que tenía abierta sobre sus dos autopistas en el país, valoradas en 750 millones de euros, al mismo tiempo que recurrirá un nuevo impuesto en Francia a las autopistas y que tendrá un efecto en sus cuentas de 80 millones de euros.

La compañía tiene actualmente en marcha un litigio internacional abierto contra Argentina por la decisión del anterior Gobierno de Alberto Fernández de quitarle sus dos concesiones de autopistas, argumentando que el contrato firmado durante el Gobierno de Mauricio Macri (quien apoyó a Milei) no era legítimo.

Según han confirmado fuentes de la compañía, se espera que cualquier negociación con el nuevo Ejecutivo, firme defensor de lo privado, se produzca antes de que el litigio se resuelva, por lo que podría suceder en los primeros meses del próximo año.

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Por otra parte, en Francia, principal mercado de Abertis, la empresa estudia abrir una vía judicial contra un nuevo impuesto aprobado por el Gobierno francés, que grabará las autopistas y los aeropuertos a partir del próximo 1 de enero.

La compañía ya ha calculado que el impacto de esta nueva tasa en su cuenta de resultados podría ascender a los 80 millones de euros, por lo que espera algún tipo de compensación, informa Europa Press. 

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En cuanto al resto de mercados, Abertis ha entrado en un proceso competitivo para hacerse con una autopista en Australia (Eastlink) valorada en más de 2.000 millones de euros y que actualmente está en manos de varios fondos de inversión.

La empresa está ahora a la espera de que concluya la primera fase del proceso y pasar a una segunda en la que se valorará una adquisición que va desde el 56% del capital hasta el 100%. En el primer caso, podría entrar en solitario y, en el segundo, de la mano de algún socio.

En el mercado nacional, Abertis sigue pendiente de un litigio con el Gobierno en el que pide más de 4.000 millones de euros por la caída de los tráficos esperados desde 2006 en la AP-7 (principalmente entre Tarragona y la frontera francesa), y cuya resolución podría llegar en el primer trimestre de 2024.

Respecto a su sede social, que la empresa trasladó de Barcelona a Madrid a raíz del conflicto del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, la decisión de volver a Barcelona recae sobre todo en sus accionistas, es decir, en la ACS de Florentino Pérez y en la italiana Mundys.