Prórroga temporal de seis meses para sobrevivir al invierno. Bruselas permitirá a los Estados europeos ampliar las ayudas energéticas a las empresas (que en principio tendrían que haber expirado a finales de año) hasta el 30 de junio de 2024 para amortiguar cualquier posible impacto adicional de la guerra en Ucrania y el nuevo conflicto en Oriente Próximo.

El Ejecutivo comunitario había propuesto inicialmente limitar la prórroga a sólo tres meses (hasta el 31 de marzo de 2024), pero ha decidido ampliarla tras llevar a cabo una consulta con los Estados miembros. El plazo extra tiene como objetivo dar más tiempo a los Gobiernos para desembolsar las subvenciones que se concedan durante la época invernal.

El comisario de Competencia en funciones, Didier Reynders, ha justificado la ampliación porque "sigue habiendo incertidumbre en vista del próximo período de calefacción invernal". La prórroga permitirá a los Estados miembros "proporcionar una red de seguridad a las empresas afectadas", ha señalado.

Bruselas señala que "los precios medios del gas y de la electricidad parecen haberse estabilizado", pero avisa de que la guerra en curso de Rusia contra Ucrania y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo "continuan planteando riesgos y constituyen una fuente de incertidumbre". "A pesar de la tendencia positiva general, los mercados energéticos siguen siendo vulnerables", ha afirmado en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario da así marcha atrás en su petición a los Estados miembros de que retiren todas las ayudas energéticas antes de fin de año. También la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, había reclamado acabar con estas subvenciones para no alimentar la inflación, poniendo en riesgo los efectos de la política monetaria.

La prórroga limitada de seis meses afecta a dos tipos de ayudas públicas. En primer lugar, las subvenciones de hasta 2,5 millones (un umbral que se incrementa desde los 2 millones actuales) de euros para las empresas afectadas por la guerra en Ucrania. En segundo lugar, las ayudas para compensar a las compañías, en particular a las usuarias intensivas de energía, por los costes adicionales debidos a aumentos excepcionales de los precios del gas y la electricidad.

El resto de medidas de crisis no se extenderán más allá de su actual plazo de caducidad, que es el 31 de diciembre de 2023. Se trata en particular de los avales públicos y los créditos subvencionados a empresas, así como las ayudas pra reducir la demanda de electricidad. En contraste, las subvenciones nacionales para acelerar la transición hacia una economía sin emisiones seguirán estando autorizadas hasta el 31 de diciembre de 2025.