Revés de la justicia europea contra Apple en el litigio que mantiene con Bruselas por la sanción récord de 13.000 millones de euros correspondiente a la elusión de impuestos en Irlanda. El abogado general del Tribunal de Justicia de la EU (TJUE), Giovanni Pitruzella, ha dado la razón a la Comisión Europea y ha recomendado revisar la decisión del Tribunal General, que tumbó la multa en primera instancia en julio de 2020.

En su opinión publicada este jueves, el abogado general sostiene que el Tribunal General, al anular la sanción contra Appel, "incurrió en una serie de errores de derecho" y "no apreció correctamente la existencia y las consecuencias de ciertos errores metodológicos". Por ello, recomienda que el caso vuelva a primera instancia y que el Tribunal General "proceda a una nueva apreciación del asunto".

El dictamen del abogado general no tiene carácter vinculante, pero los jueces del TJUE suelen seguir sus recomendaciones en una amplia mayoría de los casos. La sentencia definitiva todavía tardará varios meses.

[La justicia europea tumba la sanción récord de 13.000 millones a Apple por eludir impuestos]

La multa en cuestión se la impuso el Ejecutivo comunitario a Apple en 2016 por eludir el pago de los impuestos que le correspondían en Europa entre 2003 y 2014, aprovechando las ventajas fiscales ilegales que le ofrecía Irlanda. 

Tras una investigación en profundidad lanzada en 2014, el Ejecutivo comunitario llegó a la conclusión de que las dos resoluciones fiscales emitidas por Irlanda con respecto a Apple redujeron artificial y sustancialmente los impuestos pagados por la compañía en dicho país desde 1991. El resultado es que Apple apenas pagaba un tipo efectivo del 1% del impuesto de sociedades en 2003, que se redujo hasta el 0,005% en 2014, según el análisis de Bruselas.

Gracias al tratamiento fiscal favorable de Irlanda, Apple evitó pagar impuestos por la práctica totalidad de los beneficios generados por las ventas de sus productos en el mercado único de la UE en su conjunto. Ello se debe a que la compañía registraba todas sus ventas en Irlanda en vez de hacerlo en los países en los que se vendieron los productos en cuestión.

La sanción de Bruselas fue recurrida tanto por Apple como por el Gobierno irlandés. El Tribunal General les dio la razón en primera instancia con el argumento de que la Comisión no había logrado demostrar de manera jurídicamente suficiente la existencia de una ventaja económica selectiva y, por extensión, una ayuda pública" al gigante estadounidense. Ahora el abogado general recomienda que se revise este fallo.