Una puja en la que también estaría el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, y que también habría lanzado una oferta. Sin embargo, el hecho de que ya tenga en su haber el Newcastle y que los Glazer no quieren vender a un fondo podrían echar por tierra sus opciones. Es sólo un ejemplo del trabajo que Arabia Saudita está haciendo por entrar en Europa, pero ya no sólo en el mundo del deporte. Ahora también sectores clave como las telecomunicaciones. 

Ahí está la compra esta semana por parte de la operadora saudí Stc del 9,9% de Telefónica. Una operación que se cerró en las últimas semanas de agosto cuando emisarios de Arabia Saudí llegaron a Madrid para preparar el desembarco hecho público el pasado martes a eso de las ocho y media de la tarde. Valorada en 2.100 millones, supone casi la mitad de lo que le costaría hacerse con el Manchester United, y con la posibilidad de importar conocimiento y tecnología, así como de influir en una de las principales compañías de nuestro país, con todo lo que ello conlleva.

Una compañía barata

Ahora, la pregunta que se puede hacer es… ¿Cómo es posible que el 9,9% de Telefónica salga más barato que hacerse con el Manchester United?

La respuesta de los analistas en bolsa es clara: es una compañía que está barata. Tanto es así que los rumores y temores a la llegada de un posible inversor eran constantes. La rumorología no miraba tanto a los países árabes como a un país mucho más cercano como es Alemania y su Deutsche Telekom. Sin embargo, los petrodólares saudíes se han adelantado y han decidido seguir la estela de lo que ya hizo Emiratos Árabes en Vodafone a través de Etisalat o lo que hizo Altice en BT

Razón no les falta a los expertos en bolsa. Los títulos de Telefónica cerraban el pasado viernes en los 3,85 euros por acción, muy lejos de los 6,68 que marcaba hace cinco años. Un descenso del 42%. Una evolución bajista que no es sólo cuestión de la operadora española, es una tendencia del sector en Europa. En el mismo tiempo, Vodafone se ha dejado un 56%; Orange, un 20%; British Telecom, un 50%; Telecom Italia, un 40%... La única que se salva es Deutsche Telekom, que se anota un 50% gracias al buen desempeño de su negocio en Estados Unidos. 

Una fragilidad bursátil que es consecuencia del sector 'teleco' con el que Europa ha decidido jugar en un mundo cada vez más digitalizado y en el que los datos y las comunicaciones son la clave de la economía. Mientras en Estados Unidos hay tres grandes operadores (AT&T, Verizon y T-Mobile (de Deutsche Telekom), en Europa hay 400 compañías.

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Sólo en España hay tres grandes operadores: Telefónica, Vodafone y Orange, sin sumar a los llamados virtuales. Una atomización que hace imposible competir sólo en servicio y calidad, y que obliga a las compañías a buscar la competitividad a través del precio. 

En la última década, el sector de las telecomunicaciones ha perdido un 34% de sus ingresos minoristas en nuestro país. Oliver Wyman estima que sólo en los últimos tres años los operadores han perdido 1.000 millones de euros anuales consecuencia de la guerra por buscar la tarifa más baja. 

Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas Eduardo Parra Europa Press

Una dinámica de precios que las 'telecos' canalizan a través de ajustes directos en su oferta o creando 'marcas low-cost' que les permitan competir. Pero el efecto es claro: la pérdida de rentabilidad, porque mientras los ingresos son cada vez menores, las inversiones son cada vez mayores.

Ahí está el despliegue de 5G que se vive en España (con inversiones superiores a los 5.000 millones de euros) y que permite sostener el aumento del uso de datos propiciado por el uso de Netflix, Instagram, Tik Tok… Y lo que vendrá. 

Nuevo ciclo inversor

Para hacer frente a esa demanda creciente de tráfico y datos será necesario un nuevo ciclo inversor en infraestructuras que, lejos de llevarlas a un círculo virtuoso de mayor uso, mayores ingresos, mayor rentabilidad, las obligue a conducirse en la senda de un sector deflacionario con rentabilidades negativas que hagan cada vez más difícil sostener el negocio en España. Muestra de ello es que en los últimos años se han hecho saneamientos contables ante la pérdida de valor por importe de 7.400 millones de euros. 

Esa lucha por el cliente a bajo precio es fruto, entre otras cosas, de la excesiva hiperregulación y la creencia europea de que a mayor número de operadores, mejor competencia y mejor servicio. Una teoría que la realidad ha desmontado. El sector 'teleco' aspira ahora a la concentración y confía en que la Comisión Europea dé el visto bueno a la fusión entre Orange y MásMóvil y abra así la puerta a nuevos movimientos en Europa. 

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Pero, al mismo tiempo, existe el temor a que la comisaria Margarethe Verstager, mantenga el criterio habitual de Bruselas y obligue a unos 'remedies' que conlleven la creación de un nuevo gran operador, reforzando así a Digi o Avatel y volviendo a la situación de partida. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2013, cuando Telefónica Deutschland adquirió E-Plus o cuando Orange compró Jazztel en 2014.

La fusión Orange-MásMóvil debería ser el pistoletazo de salida en Europa, pero la consolidación es un proceso global. Ahí está, por ejemplo, la concentración entre O2 (filial de Telefónica en UK) y Virgin para crear el primer operador en Reino Unido. Las negociaciones entre Vodafone y Hutchinson para fusionar sus filiales en Reino Unido…. Incluso en Estados Unidos o Asia también hay conversaciones, pues la dimensión de los operadores les permite capturar sinergias, hacer economías de escala y transformar ahorros en capacidad de inversión. 

El CEO de Telefónica, José María Álvarez-Pallete López, en una imagen de archivo. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Telefónica conoce bien lo que son los 'remedies' pues no sólo padece la regulación europea. También la española. Son muchas las ocasiones en las que su presidente, José María Álvarez-Pallete, ha protestado porque se mantengan muchas de las exigencias impuestas al considerar que la operadora es el 'incumbente' y, por tanto, se ve obligada a hacer cesiones a la competencia. 

Es el caso, por ejemplo, de los ductos, en donde Telefónica considera que sufre una regulación asimétrica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le obliga a dar acceso a sus rivales a un precio fijado que está por debajo de coste. Algo similar ocurre en el mercado de fibra óptica, donde se le obliga a mantener precios artificialmente altos en determinadas zonas del país. Todo ello por no hablar de las llamadas obligaciones de servicio público que le obligaban a mantener las cabinas de teléfono pese a ser un negocio deficitario. 

Reglas para el siglo XXI

Telefónica, al igual que otros actores del sector, lleva meses reclamando una actualización de las normas en España y en Europa para adaptarlas al terreno de juego del siglo XXI. Un campo que ya no está compuesto por cables de cobre, sino que se compone de grandes torres de comunicaciones, fibra óptica, 5G… Infraestructuras que despliegan a modo de autovías para que el usuario conecte su 'smartphone' y pueda viajar para consumir contenidos de gigantes digitales como Google, Netflix, Disney+, Amazon, etc. 

Actores que emplean esas carreteras de forma totalmente gratuita sin pagar ningún peaje, al contrario de lo que hacen los clientes de las operadores. De ahí que exijan, con la GSMA que preside Álvarez-Pallete, un 'fair share' que obligue a los gigantes a financiar parte del coste que tienen las redes de comunicaciones. Un debate que se juega estos días en Bruselas pero en el que no hay gran intención de acelerar el paso por parte de los comisarios europeos, máxime ahora que encaran ya la recta final de su mandato con elecciones el próximo curso. 

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Como se puede comprobar, la legislación europea no ha favorecido el negocio de las telecomunicaciones en Europa. Telefónica es víctima de esa legislación, como también lo ha sido de los excesos del pasado. Aquellos años en los que se buscaba una presencia internacional, que tenía intereses en medios de comunicación y que no tenía ningún problema a la hora de invertir porque el dinero no era un problema. 

Esa herencia, propia de casi todas las operadoras con origen público en Europa, es la que hizo que Telefónica tuviera en 2016 una deuda de 48.500 millones de euros. Ese ha sido uno de los grandes objetivos del actual equipo directivo liderado por Álvarez-Pallete, reducir el endeudamiento para no ver mermada su calificación crediticia. 

Venta de mercados no competitivos, venta de activos no estratégicos, venta de negocios con escasa rentabilidad, ajustes de costes… Y un aumento de ingresos fruto de la optimización del negocio y la apuesta por una compañía más digital y diversificada que hacen que en este momento Telefónica ya 'sólo' deba 26.600 millones de euros y con capacidad de ir cumpliendo sus compromisos de pago con el negocio y sin recurrir a ventas extraordinarias. 

Un contexto difícil bajo el que Telefónica debe preparar su próximo plan estratégico, ya con Stc en su accionariado. De momento, la operadora saudí ya ha consolidado el 4,9% y está a la espera de que el Gobierno autorice que puede hacerse con el otro 5%. Veremos si Defensa puede impedir su entrada, pero ocurra lo que ocurra, parece claro que el debate debería extenderse más allá de un país concreto. 

Europa debe decidir si quiere permitir que compañías de determinados países, con objetivos políticos muy distintos a los europeos y con una concepción democrática y social radicalmente opuesta a la nuestra, ocupen  posiciones de dominio en compañías de sectores clave. El debate está abierto, y la respuesta a la espera.