Los recortes en las subvenciones a las energías renovables decididos en 2013 han provocado un alud de arbitrajes y demandas de los fondos contra el Estado español, que en muchos casos han generado una sentencia desfavorable para el país. España acumula ya 55 laudos pendientes de pago por valor de 1.300 millones de dólares, sin incluir intereses de demora o condenas en costas.

Las empresas y fondos afectados reclaman indemnizaciones de más de 10.000 millones de dólares; la justicia británica y la australiana han reconocido laudos condenatorios contra España, lo que abre la puerta a posibles embargos.

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La ejecución de esos posibles embargos está pendiente de que se superen las medidas cautelares aprobadas en los juzgados británicos y australianos, pero los fondos, indican fuentes cercanas a los mismos, ya han detectado cerca de medio millar de bienes del Estado español que podrían ser confiscados.

"Los fondos están colaborando entre ellos y han analizado qué bienes españoles se podrían embargar en el extranjero", explican. "Han visto miles y miles de bienes de España en el exterior, pero de ellos han analizado cuáles, potencialmente, sería más sencillo embargar", añaden.

"Se prioriza los bienes españoles en países en los que el embargo de los bienes sería factible por el buen funcionamiento de la Justicia, o por la misma naturaleza de los bienes", dicen. "Por ejemplo, el Falcon [el avión empleado por el presidente del Gobierno en sus desplazamientos] posiblemente no sería embargable porque el Estado español diría que se trata de un bien esencial para la política exterior española", señalan.

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En Reino Unido, un fondo estadounidense que adquirió el pleito contra España de una empresa holandesa, ha logrado recientemente una sentencia favorable que le permite embargar activos soberanos españoles. En el país, los bienes localizados por el fondo demandante son, entre otros, el Instituto Cervantes, los pagos debidos a España por el desastre del Prestige, una cuenta del Reino de España del Banco Santander, una 'embajada' de Cataluña, y cuatro títulos de deuda.

También en Australia, a finales del pasado año, la Corte Suprema falló a favor de un fondo para ejecutar un laudo que obliga al Estado español a pagar 101 millones de euros, abriendo la puerta igualmente al embargo de bienes públicos.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia apuntan al negocio de la filial de Navantia (controlada por la SEPI) en Australia como potencialmente embargable.

España, al nivel de Rusia y Venezuela

Lena Sandberg, socia del bufete californiano Gibson, Dunn & Crutcher; Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim; y Nikos Lavranos, asesor jurídico de fondos internacionales, ofrecieron ayer martes, en Madrid, una rueda de prensa para explicar la posición de los fondos internacionales que han demandado a España por las renovables.

Los tres advirtieron de que, si España no paga las cantidades reclamadas por los fondos y que han logrado sentencias favorables en laudos internacionales, más tarde o más pronto comenzarán a ejecutar bienes públicos del país en el extranjero.

"España es el segundo país con mayor número de laudos pendientes de pago, se sitúa a la altura de países como Venezuela o Rusia", afirmó Lavranos. "La negativa a cooperar con el Banco Mundial y pagar los laudos socava el orden legal internacional, así como los tratados que garantizan la inversión extranjera y la resolución de disputas a través de arbitrajes", subrayó.

"El incumplimiento de este tipo de obligaciones supone un golpe a la seguridad jurídica, el imperio de la Ley y el Estado de Derecho", destacó. "Con este tipo de maniobras, España está minando la confianza de los inversores internacionales y las instituciones financieras", añadió.