La Unión Europea obligará a los fabricantes de electrodomésticos, móviles o tabletas a ofrecer servicios de reparación a sus clientes hasta 10 años después de la compra. La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este miércoles una propuesta de directiva cuyo objetivo es consagrar por ley el 'derecho a reparar' con el fin de reducir la basura tecnológica.

"Queremos ayudar a los consumidores a reparar sus productos si así lo desean. Les damos herramientas para que tomen decisiones mejor informadas. Queremos incentivar a los productores a hacer posibles las reparaciones, en lugar de entrar en una carrera interminable de comprar nuevos productos que los consumidores no necesitamos. Esto no es sostenible", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova.

La directiva introduce un nuevo 'derecho a reparar' para los consumidores, tanto dentro como fuera del plazo de la garantía legal. Dentro de la garantía legal (cuya duración de dos años no se toca), los vendedores estarán obligados a ofrecer la reparación gratuita del producto, excepto cuando sea más cara que la sustitución.

[Bruselas quiere consagrar el 'derecho a reparar' para reducir la basura tecnológica]

Más allá de la garantía legal, los consumidores tendrán derecho a reclamar a los fabricantes la reparación hasta 5 o 10 años (dependiendo del producto) después de la compra, aunque en este caso ya no será gratuita. La directiva tampoco regula los precios ni tampoco fija un tope, pero Bruselas sostiene que la competencia planteada por talleres independientes mantendrá las tarifas bajo control.

"Esto garantizará que los consumidores siempre tengan a alguien a quien recurrir cuando opten por reparar sus productos, y alentará a los productores a desarrollar modelos comerciales más sostenibles", afirma el Ejecutivo comunitario.

Entre los productos incluidos en esta obligación de reparar se encuentran lavadoras y lavadoras-secadoras, lavavajillas, aparatos de refrigeración, pantallas electrónicas, equipos de soldadora, aspiradoras y almacenamiento de datos. Próximamente se incluirán en esta lista los teléfonos móviles y las tabletas.

La norma obliga a los fabricantes a informar a los consumidores sobre los productos que estén obligados a reparar ellos mismos. También se creará una plataforma de reparación en internet para poner en contacto a los consumidores con los talleres de reparación y los vendedores de productos renovados en su zona.

Bruselas quiere además elaborar un estándar de calidad europea de los servicios de reparación con el fin de ayudar a los consumidores a encontrar los talleres que se comprometen a ofrecer una mayor calidad. Y también un formulario europeo de información sobre reparación, que aportará transparencia sobre las condiciones y el precio.

Los productos desechados "son a menudo productos viables que pueden repararse, pero se suelen eliminar prematuramente". Un gesto que se traduce en 35 millones de toneladas de residuos, 30 millones de toneladas de recursos perdidos y 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE cada año. Además, las pérdidas de los consumidores al optar por la sustitución en lugar de la reparación se calculan en casi 12.000 millones al año, según los datos de Bruselas.

El Ejecutivo comunitario sostiene que la propuesta traerá "beneficios considerables" para el sector de la reparación. Se estima que los vendedores y fabricantes ahorrarán alrededor de 15.600 millones en los próximos 15 años, al reparar productos en lugar de reemplazarlos de forma gratuita en el periodo de garantía legal.

El crecimiento y la inversión también aumentarán en 4.800 millones en ese período. Además, los consumidores de la UE lograrán ahorros considerables, por valor de 176.500 millones en los próximos 15 años. La propuesta también supondrá un aumento neto de puestos de trabajo, principalmente en el sector de la reparación en la UE, alega la Comisión.

La directiva todavía tiene que ser discutida y ratificada tanto por los Gobiernos de la UE como por la Eurocámara.