La introducción de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las multinacionales encalla en la Unión Europea, pese al acuerdo internacional que se logró el pasado octubre en la OCDE, al que se sumaron más de 130 países de todo el mundo. Durante el primer debate celebrado este martes en el Ecofin, un total de cinco países -Polonia, Suecia, Malta, Estonia y Hungría- han planteado objeciones que podrían acabar dinamitando el pacto, ya que las decisiones sobre impuestos requieren la unanimidad de los Veintisiete.

Los Gobiernos escépticos plantean dos tipos de objecciones a la directiva europea que debe incorporar el acuerdo de la OCDE al derecho comunitario. Algunos de ellos se quejan de que el calendario diseñado por la presidencia francesa es "demasiado ambicioso". El ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire, quiere que la directiva europea se apruebe ya en marzo, de forma que todos los Estados miembros tengan tiempo para incorporarla a sus legislaciones nacionales antes de fin de año y el mínimo del 15% empiece a aplicarse el 1 de enero de 2023.

"La fecha de aplicación es un motivo de inquietud para nosotros. Un sistema que esté ya en marcha en 2023 nos plantea problemas considerando nuestros requisitos constitucionales en la elaboración de leyes", ha dicho el ministro de Finanzas de Suecia, Mikael Damberg.

La otra preocupación de estos países es el retraso de la tasa a los gigantes digitales, que también se acordó en la OCDE en octubre como parte del paquete para reformar la fiscalidad internacional. El objetivo de esta medida es garantizar que los gigantes digitales, como Google, Facebook o Amazon, paguen impuestos en los países donde obtienen beneficios, aunque no tengan presencia física. Pero los detalles técnicos de la tasa digital siguen negociándose en la OCDE y no se espera un compromiso hasta junio.

"Polonia no puede apoyar la introduccion unilateral de un tipo mínimo del impuesto de sociedades, que reduciría la competitividad de la UE mientras que dejaría atrás" la tasa para gravar a los gigantes digitales, ha señalado su embajador, Arkadiusz Plucinski. También el ministro húngaro, Mihály Varga, ha reclamado que las dos iniciativas avancen en paralelo, porque de lo contrario la UE perderá su "capacidad de presión" para forzar a otros países, en particular Estados Unidos, a introducir la tasa digital.

El resto de Gobiernos han defendido que el tipo mínimo del 15% y la tasa digital deben abordarse por separado, aunque el objetivo último sea que ambos pilares del acuerdo de la OCDE entren en vigor al mismo tiempo en 2023. Le Maire, que ocupa la presidencia de turno del Ecofin, ha recordado a los países rebeldes que todos ellos apoyaron el acuerdo de la OCDE en octubre y ha puesto como ejemplo a Irlanda, que ha retirado todas sus reservas a la reforma de la fiscalidad internacional. 

"Para la opinión pública europea sería díficil de comprender que aquello que se ha aprobado en la OCDE por todos los Estados miembros sin excepción plantee problemas en el seno de la UE cuando se traslada al derecho europeo. No es fácil de entender, lo subrayo sin acritud", se ha quejado el ministro de Finanzas francés. 

La mayoría de Estados miembros ha defendido que el tipo mínimo del 15% es imprenscindible para garantizar que las multinacionales paguen los impuestos que les corresponden y para evitar una carrera impositiva a la baja a nivel internacional. El nuevo mínimo se aplicará a las compañías con ingresos superiores a los 750 millones de euros y generará alrededor de 150.000 millones de dólares de recaudación extra a nivel mundial, según los cálculos de la OCDE. Un dinero que los grandes países necesitan con urgencia para financiar la reconstrucción tras la Covid-19.

"La adopción de esta directiva es una prioridad para España. Y también que se haga de forma rápida y eficaz, porque nos ayudará a garantizar un tipo mínimo eficaz que siente las bases de un sistema tributario justo y evite una carrera a la baja", ha dicho el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo. La vicepresidenta Calviño no ha asistido al Ecofin por tener que participar en el Consejo de Ministros.