El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha condenado a José Antonio del Olmo, exresponsable de la Dirección de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola, por el robo de documentos internos de la eléctrica y su posterior difusión. Por estos hechos fue demandado por la empresa, cuyas peticiones han sido estimadas íntegramente.

El juez certifica la "violación del secreto empresarial, como consecuencia de la obtención y revelación ilícitas de las facturas confidenciales" y le condena, además, a que devuelva a la compañía "la totalidad de los documentos sustraídos ilícitamente a la misma". 

"No es discutido que las facturas confidenciales que documentaban los pagos a proveedores de seguridad y miembros de la administración de la demandante contenían secretos empresariales", reza la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. 

'Caso Villarejo'

Del Olmo, como antiguo responsable de la Dirección de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola —se jubiló en 2016—, es también el principal testigo contra la compañía en el caso Tándem.

La instrucción de esta macrocausa —de casi una treintena de piezas separadas y bautizada como caso Villarejo debido al apellido de su principal imputado, el excomisario de Policía José Manuel Villarejo— continúa en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón.

Como antiguo controller de Iberdrola, Del Olmo se convirtió en el principal testigo de cargo contra su otrora empresa asegurando que esta había contratado de forma irregular al expolicía.

En esta causa, Del Olmo también figura como investigado por un supuesto delito de cohecho, al ser él, presuntamente, debido a su entonces cargo, el que dio el visto bueno al pago a Villarejo.

En las declaraciones que prestó ante la Audiencia Nacional, publicadas por EL ESPAÑOL en diciembre de 2020, Del Olmo reconoció que en diciembre de 2004 depositó en una notaría de Madrid facturas del Consejo Consultivo en Andalucía y documentos sobre pagos a proveedores externos de Iberdrola. En esas fechas, aún trabajaba para la compañía.

Ahora, a ojos de la Justicia, este proceder —mantener durante años los documentos ocultos en la notaría; no ponerlas en manos de las autoridades— no es justificable al "no encontrar encaje en ninguna de las circunstancias que justifican la apropiación de la información confidencial previstas en el artículo 2 de la Ley de Secretos Empresariales", que sí avala, por ejemplo, la libertad de expresión o la denuncia de actividades ilegales.

Filtraciones a la prensa

Además, el contenido de dichos documentos, que el Juzgado de lo Mercantil dictamina ahora que José Antonio Del Olmo sustrajo ilícitamente, fue, posteriormente, difundido por un diario digital.

En su demanda, estimada íntegramente, Iberdrola acusó a su exempleado de "revelar ilícitamente su contenido" a El Confidencial "con el ánimo de perjudicar a la empresa". Dicho periódico, según consta en la sentencia, publicó información relativa a esos documentos. 

"El demandado [Del Olmo] reconoce haber realizado copia de las facturas confidenciales, las conservó en su despacho, las depositó ante notario cuando todavía era el controller de Iberdrola (en el 2004), y luego, tras su jubilación (2016) se llevó a su casa estas copias. Todo ello sin el consentimiento del titular del secreto, que era la empresa; no él", expone ahora la sentencia, fechada el 30 de septiembre.

"Ni estaba en sus funciones guardarse estas copias en su despacho, ni estaba autorizado a depositarlas ante notario o a sacarlas de las oficinas de la mercantil para la que trabajaba (al menos no se han acreditado estos extremos), por lo que obtiene ilícitamente la información empresarial secreta", añade.

"En definitiva, habiendo obtenido ilícitamente las copias, es razonable concluir —al menos para este enjuiciamiento civil— que fue el propio demandado quien las reveló al medio de comunicación que luego hizo públicas las facturas, porque no ha quedado demostrado ni ha sido aportado indicio alguno de que otros estuviesen en disposición de hacerlo", remata la sentencia, que también impone las costas procesales a José Antonio del Olmo y le ordena publicitar esta resolución. Contra ella, aún cabe recurso de apelación.