Y es que, todos los ministerios van a ver cómo se dispara la exigencia. Si bien venimos de uno de los veranos más cortos en materia política de los últimos años debido, en gran parte, a la crisis de Gobierno realizada en julio, el último cuatrimestre va a poner al aparato del Estado al límite. Hasta 38 compromisos pedientes del plan se deben poner en marcha para que en diciembre la Comisión Europea dé su visto bueno al envío del segundo paquete de ayudas, valorado en 10.000 millones de euros.

Entre todas las actuaciones pendientes, una destaca por encima de todas: la reforma laboral cuyo diseño encabeza Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social. El documento pactado con Bruselas señala que durante el cuarto trimestre de 2021 deberá llegarse a un acuerdo con sindicatos y patronal para "equilibrar la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral". Un objetivo, que dada la distancia de las posiciones de los involucrados en la negociación y lo apretado del calendario, parece lejano.

Del mismo modo, la nueva estrategia de Políticas Activas de Empleo deberá estar lista con los mismos requisitos de tiempo y forma antes de final de año. Algo a lo que hay añadir la reforma de las subcontrataciones, la primacía del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa y la reforma que permita que el mecanismo excepcional de los ERTE se regule como una herramienta permanente. En este punto, fuentes comunitarias han señalado la importancia de "fijar la fórmula con la que estos instrumentos se financiarían en el futuro".

Hacia una nueva Administración

Al margen de la reforma laboral, la modernización de la Administración pública acaparará varias de las reformas más importantes en este periodo. En este punto, destaca la entrada en vigor de la orden ministerial por la que se crea la Oficina Nacional de Evaluación.

Otro sector en el que se pondrán en marcha profundas transformaciones será el del turismo. En concreto, se espera que antes de final de año arranque el Plan de promoción del sector turístico. El objetivo de esta medida es mejorar la competitividad a través de la eficiencia energética y la economía circular. Este proyecto también incluye planes territoriales para la sostenibilidad del turismo en el destino con 561 millones de presupuesto. 

Al mismo nivel que las dos anteriores se situarán las acciones en materia de salud. Durante el cuarto trimestre del año, verá la luz el plan para fortalecer la atención primaria. A esta cuestión estratégica se suma una más práctica como es la aprobación del reparto de los fondos europeos para la renovación del parque tecnológico del sistema sanitario.

Renovables y autoconsumo

Uno de los sectores que vivirá meses de intensa actividad es el de las energías renovables. Se deben poner en marcha distintos reales decretos que establezcan desde un nuevo sistema de subastas de generación renovable, a la mejora de la previsibilidad de los ingresos que se obtendrán por generación renovable en las nuevas subastas, a las condiciones de acceso y conexión de la generación renovable.

Además, antes de que termine el año, el Gobierno se ha comprometido a tener listos dos elementos que serán clave para los próximos años. Por un lado, la estrategia nacional de autoconsumo. Por otro, la hoja de ruta de la eólica marina. A esto se sumará la estrategia de almacenamiento y liberalización de los puntos de acceso y conexión a las redes eléctricas de transporte y distribución, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

En materia de vivienda, el Gobierno deberá dejar listos tres decretos ley fundamentales para canalizar los planes que se acometerán durante etapas siguientes del plan. Deberán regularse las ventanillas únicas y los marcos normativos tanto de la estrategia de renovación como del alquiler social.

En el campo de la agricultura, el Ejecutivo se comprometió a la entrada en vigor de la segunda modificación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Del mismo modo, se pondrá en marcha el convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Seiasa para apoyar la mejora y la sostenibilidad de las zonas de regadío. Además, deben firmarse los convenios con los correspondientes organismos públicos de investigación para promover la investigación pesquera y acuícola.

Lucha contra el fraude

La lucha contra el fraude fiscal también recibirá importantes impulsos en este semestre. Según lo acordado con Bruselas, durante los próximos meses se aumentará el personal de la autoridad tributaria a, al menos, 26.320 empleados. En este periodo también deberán ver la luz las nuevas web de sociedades y de la renta. Del mismo modo, la Agencia Tributaria llevará a cabo un proyecto que utilizará nueva información sobre contribuyentes de diversas fuentes internacionales como FATCA y CRS. 

El último paquete de acciones tiene como protagonista al componerte digital, el segundo pilar más importante del Plan de Recuperación tras la sostenibilidad. Con el objetivo de mejorar la conectividad, está prevista la asignación del espectro de 700 MHz para el 5G. La subasta se convocó y adjudicó este verano. A ello se sumará la presentación de un nuevo marco fiscal para el espectro 5G que pretende ayudar a las operadoras en el despliegue. 

El Consejo de Ministros deberá aprobar la Estrategia Nacional de Competencias Digitales. Una medida a la que se sumará el compromiso de publicar en el BOE el plan de ayudas para dar equipamiento digital a los colegios, dotado con 300.000 dispositivos. Una medida que llegará a un mínimo de 240.000 aulas, capacitará a 700.000 profesores y revisará la estrategia digital para, al menos, 22.000 centros escolares públicos y subvencionados. 

Carta de derechos digitales

Del mismo modo, entre octubre y diciembre está prevista la publicación de la carta de derechos digitales. Actualmente, se encuentra en el último tramo de consulta, por lo que podría, incluso, no necesitar apurar los plazos. 

En el campo de la ciencia, antes de que termine 2021 entrará en vigor el real decreto de reorganización de organismos públicos de investigación. Del mismo modo, está comprometida la firma de cuatro acuerdos del Ministerio de Ciencia e Innovación con las comunidades autónomas para la implantación de planes I+D con una inversión de 140 millones de euros. Una medida que persigue coordinar las estrategias regionales y nacional de la "especialización inteligente".

En este contexto, el próximo martes comenzará un esprint en cuya meta esperan los miembros de la Comisión Europea responsables de valorar la buena marcha del Plan de Recuperación y Resiliencia. Un examen crucial para el ejercicio 2022 ya que, de su aprobado, dependen 10.000 millones de euros que servirán para poner en marcha gran parte de los proyectos estrella de la estrategia del Ejecutivo para los fondos Next Generation. Esperemos que los miembros del Gobierno hayan tomado fuerzas estas semanas. Las van a necesitar.