El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozuelo de Alarcón ha admitido a trámite una querella que acusa a Javier Botín y sus socios de delitos de estafa, extorsión, alteración del precio de las cosas y delito fiscal.

En 2016, JB Capital Markets se hizo con el control de esta conocida firma dental cuando se encontraba en situación de concurso de acreedores e investigada por supuestos delitos fiscales. En aquel momento, pagó 18,5 millones de euros.

Tres años más tarde, la firma de inversión vendió las clínicas por 350 millones de euros al fondo Advent International, en una operación en la que participaron como asesores grandes firmas de inversión, entre ellas, JP Morgan, y conocidos despachos de abogados, como Garrigues o Uría Menéndez.

Por el camino, los franquiciados perdieron miles de euros -en algún caso, hasta dos millones-. Fue entonces, cuando el propietario de una veintena de clínicas, Javier Arteaga, inició el camino judicial con una investigación que ha durado más de un año y ha desembocado en este procedimiento.

Querella contra Javier Botín

La querella de 93 folios, a la que ha tenido acceso este periódico, se dirige contra Javier Botín, como administrador de JB Capital Market; Rafael Garabito, administrador de una sociedad común con el conocido financiero -Odontos Holding; así como contra Javier Martín Ocaña y Ernesto Canudo, como administradores de las "sociedades instrumentales" y "en cierto sentido testaferros" a través de las cuales se llevaron a cabo los hechos denunciados.

Y es que, la querella no se limita a denunciar las pérdidas sufridas por los franquiciados. También acusa a Botín y sus administradores de delitos fiscales, así como de operar con un entramado de sociedades interpuestas.

De hecho, los acusa de haber creado un grupo de "empresas instrumentales paralelas" para cobrar a los clientes y desviar ingresos que correspondían a sus sociedades.

Batalla de un franquiciado

Arteaga -propietario del 20% de las franquicias de Vitaldent- también denuncia prácticas de "extorsión" para forzar una rebaja en el precio al que los franquiciados tuvieron que vender, incluso pocos días antes de la venta a Advent.

Sin oxígeno financiero, este propietario de un 20% de las clínicas denuncia que no tuvo más remedio que vender a precios muy inferiores a los que se valoró su negocio antes y después de la compra y venta, siempre según el denunciante.

Según los datos que aporta, el 31 de mayo de 2019 vendió las clínicas por nueve millones de euros, frente a la valoración que había obtenido un año antes de 11,6 millones de euros. Cinco días después, se anunció la venta a Advent por 350 millones de euros. Arteaga afirma haber recibido hasta la fecha solo 7,5 millones de euros, pese a que tenía el control del 20% de las clínicas.

La crisis de Vitaldent fue ya motivo de escándalo cuando llegó a concurso de acreedores en noviembre de 2016. En ese invierno, la firma fue intervenida por la Audiencia Nacional dentro de una investigación de supuestos delitos contra la Agencia Tributaria.

Varios de sus directivos fueron a prisión, entre ellos, Arteaga, el propietario de clínicas que ha presentado esta querella y que quedó en libertad en 2016.

Su situación de quiebra provocó numerosas noticias con el testimonio de clientes y franquiciados afectados. Sin embargo, el caso cayó en el olvido tras el rescate y su posterior venta al fondo estadounidense. Ahora, esta querella lo reabre con una investigación que va más allá del delito de estafa.