Intu-Eurofund Investment, la alianza empresarial promotora del centro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo en la localidad valenciana de Paterna, afina la reclamación millonaria que solicitará a la Generalitat Valenciana por el veto a su proyecto. Lo hace tras lograr la sentencia firme a su favor este mes de febrero por parte del Tribunal Supremo, según confirma la propia enseña preguntada al respecto por Invertia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le dio la razón en su sentencia de octubre de 2019. Consideró que la administración valenciana rechazó la iniciativa en octubre de 2016 acogiéndose a una memoria ambiental “no consistente”. En lugar de tumbar el proyecto con dicha memoria, la comisión de evaluación ambiental que presidía Julià Álvaro (Compromís) debió indicar los fallos a la empresa para su corrección, según el tribunal.

La Abogacía de la Generalitat valenciana recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo, tal y como también hizo el centro comercial Bonaire, ubicado en Aldaia. El primero de los recursos fue inadmitido en julio de 2020, y el segundo y último corrió la misma suerte el pasado 2 de febrero, tal y como informó Levante-EMV.

Ante tal circunstancia, Intu-Eurofund Investment ya puede afinar la reclamación económica que exige a la Generalitat Valenciana en un contencioso administrativo paralelo, presentado ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, la misma que falló a su favor en octubre de 2019.

Esta reclamación se formuló de forma completamente independiente, antes de conocer la sentencia. La empresa solicitó por escrito a la administración autonómica una indemnización por responsabilidad patrimonial. Lo hizo al interpretar que la Generalitat Valenciana, en tiempos del PP, había dado su visto bueno a un proyecto con multitud de informes favorables que fueron ignorados por el posterior Ejecutivo de PSPV-PSOE y Compromís.

La reclamación

La entonces consellera socialista de Obras Públicas, María José Salvador, reveló que la reclamación ascendía a 300 millones de euros. La Generalitat, como cabía esperar, ignoró esta petición. Y ante su silencio administrativo, Intu-Eurofund Investment presentó su segundo recurso contencioso-administrativo.

La reclamación se centraba en el rechazo al proyecto. Pero ahora la empresa cuenta con dos elementos de los que no disponía cuando la solicitó: una sentencia firme a su favor por parte del Tribunal Supremo y el periodo de tiempo exacto en el que se ha retrasado su proyecto. Se trata, en estos momentos, de cuatro años y tres meses por los que la compañía solicitará el denominado lucro cesante.

Intu-Eurofund se encuentra en estos momentos realizando el cálculo exacto de la indemnización que solicita con el objetivo de, en las próximas semanas, afinar su reclamación en el contencioso-administrativo pendiente.

Además de activar esta reclamación, la sentencia firme del Tribunal Supremo habilita ahora a Intu-Eurofund para retomar el trámite administrativo de su proyecto, detenido en 2016. Se tramitó entonces como Actuación Territorial Estratégica y depende ahora del conseller de Obras Públicas Arcadi España, también socialista.

La compañía, a su vez, tramitó de nuevo el proyecto como modificación del Plan General de Paterna, en el que introdujo numerosas modificaciones.