La fragmentación y la polarización política es uno de los tres principales obstáculos para que el uso de los fondos europeos sea exitoso en uno de sus principales cometidos: lograr la transformación de la economía. Así lo creen el 77,1% de los directivos y empresarios entrevistados para la Encuesta sobre el Fondo Europeo de Reconstrucción, que ha elaborado PwC.

Tras este obstáculo, un 54,3% de los expertos consultados señala como traba el  contar con una Administración Pública poco ágil y excesivamente burocratizada. El 41,9% de ellos afirma que el principal escollo es la actual estructura territorial del Estado y los problemas de coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La encuesta revela un dato significativo y es que los entrevistados no parecen compartir con unanimidad que los objetivos de los fondos europeos respondan a las verdaderas necesidades de la economía española en este momento. Estas ayudas tienen unos objetivos compartidos por el Gobierno español. En concreto dirigir los fondos a la transformación digital, verde e inclusiva.

Dos de cada 10 entrevistados afirman que estas no son las principales necesidades de España, mientras que cuatro de cada 10 consideran que son objetivos lo suficientemente amplios como para poder adaptarlos a la realidad económica y sacar provecho de las ayudas que comenzarán a llegar en el año 2021.

Según el panel de 400 empresarios y directivos que han participado en esta muestra, las cinco grandes reformas que necesita España son la Educación (68,6%), el mercado laboral (50,4%), la Administración Pública (48,6%), las pensiones (47,6%) y una reorganización de la fiscalidad (40%). 

Para poder abordar esas asignaturas pendientes los directivos creen que sería bueno alcanzar un gran acuerdo.

Sí a las condiciones

PwC también ha preguntado sobre la condicionalidad que llevará asociada la utilización del Fondo de Reconstrucción. Es llamativo que la mayoría, en concreto el 61,3% de ellos, se muestra contrario a que estas ayudas no tuvieran condicionalidad y se incorporaran a los futuros Presupuestos sin mayor control posterior.

Es más, el 41,5% asegura que la entrega de fondos debería estar sujeta a una estricta condicionalidad, similar a la de los programas de rescate que se produjeron, entre 2010 y 2013, para evitar el riesgo de que no se utilicen correctamente.

Este dato deja entrever cierta desconfianza en la gestión política que pueda hacerse de los fondos europeos que llegarán a España en los próximos años por valor de unos 140.000 millones de euros en forma de préstamos y transferencias directas.

Precisamente la consultora que elabora la encuesta ha puesto en marcha con la CEOE una Oficina Técnica de Apoyo a Proyectos para la Reconstrucción Económica con el fin de proponer al Ejecutivo ideas para la colaboración público privada y todo tipo de proyectos finalistas en el marco de estas ayudas.

Se buscará que los proyectos a los que accedan las empresas tengan un efecto multiplicador en el PIB y el empleo. De hecho, el presidente del Ejecutivo se mostró confiado el pasado lunes en que su plan para el uso de los fondos pueda impulsar el PIB un 2% anual en los próximos años.

Sin embargo, los encuestados no las tienen todas consigo y temen que la falta de información no permita a las empresas españolas sacar el máximo provecho de los fondos. Sólo el 9,6% cree que el sector privado es plenamente consciente de su existencia y de los procedimientos para poder acceder a los fondos.

Tampoco hay unanimidad sobre si el grupo de trabajo tiene que ser coordinado por la Presidencia del Gobierno, como está planteando Pedro Sánchez. Solo el 44,2% de los entrevistados es partidario de este sistema.