Máquinas tragaperras.

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La nueva Ley del Juego contra la ludopatía entra en vigor este martes en la C. Valenciana

Las máquinas tragaperras no podrán emitir sonidos ni luz estando apagadas y los locales no podrán ubicarse cerca de centros escolares. 

16 junio, 2020 08:42

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La Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana entra en vigor este martes, 16 de junio, tras tres años de elaboración hasta su aprobación hace unas semanas. Incluye novedades como una distancia mínima para salones de juego y casas de apuestas de 850 metros respecto a centros escolares, publicidad restringida y máquinas sin luz ni sonido cuando estén desactivadas.

El objetivo de la norma, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), es dar respuesta a la creciente preocupación social por la proliferación de actividades de juego, proteger a los menores de edad, dar seguridad a los clientes y evitar el fraude.

Para ello, las tragaperras que están dentro de locales de hostelería contarán con un mecanismo de activación y desactivación y no podrán emitir luz y sonido mientras no estén siendo usadas. Los hoteleros tienen la obligación de instalar este sistema en un año.

Eliminación progresiva de máquinas

También se plantea la eliminación progresiva de las máquinas auxiliares de apuestas conforme vayan acabando las licencias y se incorpora un título nuevo en la norma sobre medidas de prevención del juego patológico.

A partir de ahora, se establece una distancia mínima de 500 metros entre los nuevos salones de juego, bingos y casinos, no para los ya activos. La Generalitat no podrá conceder nuevas licencias ni permisos de explotación de nuevas máquinas hasta dentro de cuatro años.

Otra de las novedades es impedir el acceso a quienes presenten síntomas de embriaguez o figuren en el registro de personas excluidas de acceso al juego de la Comunitat.

De lo contrario, las multas irán de 601 a 6.000 euros y podrán llegar a la suspensión temporal de la autorización o el cierre del local por un año. Las sanciones muy graves ascenderán hasta 600.000 euros y a suspensiones de cinco años. Toda la recaudación irá destinada a financiar programas de prevención y lucha contra la ludopatía.

La publicidad de las casas de apuestas queda restringida en los medios de comunicación públicos autonómicos como la radiotelevisión valenciana À Punt. También se incentivará con beneficios fiscales y ayudas a medios, clubes deportivos y asociaciones que hagan campañas contra la ludopatía.

Rechazo del sector

Desde su aprobación despertó las críticas de parte del sector. La Unión de Trabajadores de Salones de Juego de la Comunitat, que agrupa a empleados de los 426 salones de juego, entregaron 1.630 firmas en contra. La patronal del juego privado en España Cejuego alertó que "traerá pobreza y paro, que se sumará al generado por la mayor crisis económica y social que vive el país".

También la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) pidió que se tenga en cuenta la crisis del coronavirus y que no se pongan en peligro más puestos de trabajo con una ley que no ve "prioritaria". SOS Hostelería lanzó la campaña 'CERRADO por la Ley del Juego' para advertir del cierre definitivo de sus negocios.

En la misma línea, las asociaciones del sector del juego Andemar CV, Anesar CV, Apromar, Asvomar, las patronales del sector del juego privado Cejuego y Anesar, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat (Conhostur), sus asociaciones miembro y el sindicato UGT pidieron conjuntamente la paralización de la ley al prever "grandes estragos" en el empleo.

La Ley del Juego fue aprobada finalmente en el pleno de Les Corts del pasado 28 de mayo con el apoyo de los grupos del gobierno del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem) y el rechazo de PP y Cs, mientras Vox se ausentó por no estar conforme con el sistema de votación.

Es una norma pendiente desde la pasada legislatura que decayó por el adelanto electoral y en octubre de 2019 se volvió a aprobar y fue remitida a Les Corts. Las enmiendas se debatieron apenas unos días antes del inicio del estado de alarma del 14 de marzo, entre las críticas de la oposición a las enmiendas del Botànic presentadas a última hora del día anterior.