La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) ha pedido este lunes a los jefes de Estado y de Gobierno que aprueben de forma urgente el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros propuesto por Bruselas para salir al rescate de Italia y España, los países más golpeados por el Covid-19. Cualquier retraso generaría desconfianza y dispararía todavía más los costes de la crisis del coronavirus, ha avisado.

En una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Christine Lagarde ha justificado su decisión de ampliar hasta 1,35 billones de euros su programa de compra de deuda (PEPP) por el desplome económico provocado por la pandemia. Pero ha insistido en que el BCE no lo puede hacer todo en solitario y ha reclamado una respuesta fiscal coordinada por parte de la UE como complemento imprescindible para reforzar la potencia de fuego anticrisis.

"Será importante aprobar este paquete rápidamente. Fijar un calendario claro daría más seguridad y confianza a ciudadanos, empresas y mercados financieros. Cualquier retraso amenaza con provocar efectos de contagio negativos y con aumentar los costes (y por tanto las necesidades de financiación) de la crisis", ha alegado Lagarde.

Los líderes europeos tienen previsto discutir por primera vez el fondo de reconstrucción (del que España podría acceder a 140.000 millones a cambio de reformas) durante una videocumbre programada para el próximo jueves 18 de junio. Sin embargo, el propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, admite que para llegar a un acuerdo se necesitará al menos otra reunión presencial a finales de julio.

El plan de Ursula von der Leyen se basa en una iniciativa conjunta de Francia y Alemania y cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Pero el denominado club de los frugales (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia) mantiene muchas reservas: quieren reducir el tamaño del fondo y que la mayoría de las ayudas sean préstamos y no subvenciones a fondo perdido.

Apoyar a los más afectados

Lagarde ha reclamado este lunes que las ayudas se concentren en los "países más afectados" por la pandemia, "preferiblemente en forma de subvenciones". "La financiación debe desplegarse rápidamente. Sé que el Parlamento jugará su papel y espero que los Estados miembros se den cuenta de la urgencia de las discusiones", ha insistido.

El fondo de reconstrucción debe servir para "reducir la fragmentación resultante de la actual crisis y la divergencia a largo plazo" en la eurozona. "Para que el mercado único funcione como motor de convergencia, las empresas europeas deben competir en términos similares" y por ello "el gasto europeo debe tener como objetivo restablecer la igualdad de condiciones", sostiene Lagarde.

Las ayudas de la UE tienen que contribuir a "crear las condiciones para un crecimiento sostenible a largo plazo y proteger el bienestar de los ciudadanos europeos", así como a "modernizar nuestras economías y adaptarlas al futuro". En este sentido, la banquera francesa ha respaldado la propuesta de Bruselas de que la inversión se concentre en la doble transición digital y verde.

"Frente a un desafío extraordinario, Europa necesitará una respuesta extraordinaria", ha insistido Lagarde. No obstante, también ha dejado claro que, ocurra lo que ocurra, "el BCE, dentro de su mandato, continuará apoyando la recuperación con todas las medidas apropiadas". 

El coronavirus y las medidas de confinamiento para frenar su expansión -ha relatado la presidenta- provocarán una "contracción sin precedentes de la actividad económica en la eurozona". Tras una caída del 3,8% entre enero y marzo, la economía se hundirá otro 13% en el segundo trimestre. Para el conjunto del año, el BCE prevé un desplome del 8,7, aunque en el peor de los escenarios la recesión podría llegar al 12,6%.

Por su parte, la inflación se situará este año en el 0,3% y sólo remontará lentamente hasta el 0,8% en 2021 y el 1,3% en 2022, muy lejos del objetivo del 2% marcado por el propio BCE. 

Evitar una crisis financiera

La banquera francesa ha alegado que la intervención temprana del Banco Central Europea (BCE) en marzo fue "fundamental" para eliminar los "riesgo de cola" del Covid-19 y evitar que la caída de la actividad económica se transformara en una crisis financiera. No obstante, ha admitido que las condiciones financieras todavía son más restrictivas que al principio de la crisis.

Dos son los principales factores que llevaron el pasado jueves al BCE a reforzar con 600.000 millones extra su programa de compra de deuda. No sólo el empeoramiento de las condiciones financieras, sino también el deterioro de las perspectivas de inflación, que complican el cumplimiento del objetivo de estabilidad de precios del BCE, ha asegurado Lagarde.

A su juicio, el PEPP es el mejor instrumento para hacer frente a la actual crisis. En primer lugar, porque tiene la flexibilidad suficiente como para garantizar la transmisión de la política monetaria a todos los sectores y países. Es decir, para mantener bajo control la prima de riesgo de España e Italia. En segundo lugar, porque las compras de deuda son particularmente eficaces para reducir los costes de financiación para empresas y el precio del crédito para los hogares.

"Nuestras medidas anticrisis son temporales, selectivas y proporcionales", ha insistido la presidenta del BCE.

Por lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania que cuestiona la compra de deuda, Lagarde ha repetido que el BCE es una institución comunitaria que sólo responde ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Cualquier solución al fallo deben darla el Gobierno alemán y el Parlamento alemán, respetando la independencia del BCE y la primacía del derecho comunitario.