La investigación que Iberdrola contrató a PwC para esclarecer la contratación del excomisario José Manuel Villarejo ha concluido, y lo ha hecho sin encontrar "hechos jurídicamente relevantes" para la sociedad. 

Así lo dice la compañía en una nota enviada a sus inversores antes de la Junta de Accionistas. En ella insiste reconoce haber contratado a Cenyt (la empresa de Villarejo) y haberle abonado 17 facturas que se corresponden con trabajos realizados para la eléctrica. 

Se trata de pagos realizados por Iberdrola e Iberdrola Renovables durante los años 2004 y 2009 y 2012 y 2017. Todas ellos fueron abonadas porque los pagos se enmarcaban dentro de la "conformidad de los procedimientos internos vigentes en el grupo en cada momento". 

¿Por qué se contrató a Villarejo? Básicamente por orden de la dirección de seguridad corporativa en el "contexto del proceso de expansión internacional, con el propósito de asegurar la integridad de sus directivos en sus desplazamientos a países de riesgo, garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y de las reuniones relevantes del equipo directivo y refrozar la seguridad de emplazamientos vitales para la actividad de generación del grupo". 

Así mismo, Iberdrola explica que ha puesto en marcha dos investigaciones internas propias, además de la desarrollada por PwC. No sólo eso, es que ha celebrado más de 24 reuniones de los órganos internos de control entre octubre de 2019 y febrero de 2020, lo que refleja "el impulso" que se ha querido dar a todo este proceso. 

Según el documento remitido a los inversores, no sólo no hay daño penal si no que tampoco se ha detectado un daño reputacional para el grupo. "No se ha advertido deterioro alguno en la reputación general del Grupo, ni impacto negativo en la reputación con sus profesionales, clientes, accionistas y proveedores", señala. 

Tampoco ha habido ninguna influencia en los resultados de Iberdrola, que en el ejercicio 2019 ganó 3.406 millones de euros, un 13% más que el año anterior. 

En cualquier caso, la compañía que preside Ignacio Galán insiste en que toda la información está a disposición del juez, y que tampoco se ha encontrado "ninguna conducta ilegal ni contraria a las normas que conforman el sistema de gobierno corporativo".