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La patronal tecnológica: la 'tasa Google' la pagarán los usuarios y afectará al empleo

OBSERVATORIO DIGITAL. Ametic reclama al Gobierno que espere a que la OCDE tome una decisión sobre cómo gravar a estas empresas. 

5 septiembre, 2019 15:37

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La patronal del sector tecnológico Ametic ha expresado este jueves su oposición al impuesto sobre determinados servicios digitales que pretende implantar el PSOE, porque cree que afectará a muchas pymes y no solo a las grandes empresas y porque "reducirá la capacidad de generar trabajo".

En una rueda de prensa en Madrid, el director general de Ametic, Francisco Hortigüela, ha lamentado que el Gobierno en funciones promueva un nuevo impuesto antes de que exista un consenso internacional para ello en el marco de la OCDE.

A su juicio, "la tasa digital afectará a un mayor número de compañías de las previstas inicialmente", las firmas tecnológicas con un alto umbral de ingresos, ya que "muchas pequeñas empresas se están creando gracias a las plataformas digitales e internet".

En este sentido, considera que el impuesto será repercutido a los usuarios, al estar basado en el uso de datos de consumidores y ciudadanos, y alcanzará también a pymes, autónomos y organizaciones sin ánimo de lucro.

Hortigüela opina que, en todo caso, el impuesto no debiera fijar su límite en la facturación de las empresas, sino en los beneficios.

En la misma comparecencia ante periodistas, el director de Global Digital Foundation, Paul MacDonnell, ha añadido que el pretendido impuesto en España, que sería similar a los ya existentes en Francia, Italia, Hungría e India, grava a un sector por entero y crea una desventaja competitiva frente a otras industrias.

En opinión del director de ese grupo de presión ("lobby") europeo con sedes en Dublín y Bruselas, las empresas digitales utilizan menos las estrategias para evitar el pago de impuestos que las compañías no digitales.

"Pensar que los datos de los usuarios son un intangible es creer en algo mágico y no entender los procesos complicados", ha dicho MacDonnell, quien ha indicado que un gravamen a las empresas digitales puede esconder intentos de limitar la libertad de expresión, al dar por sentado que las compañías lo repercutirán a los ciudadanos.