Ofensiva contra el fraude en la contratación temporal y el uso irregular de los contratos a tiempo parcial. La Inspección de Trabajo ha puesto en marcha este agosto una campaña especial que se centrará en estos dos asuntos y que se extenderá hasta finales de año.

El objetivo es poner punto final a “unos abusos que contribuyen de forma determinante a la precarización del empleo y dificultan la consecución de un trabajo digno”, según se recoge en el borrador sobre los Planes de Choque que va a llevar a cabo la Inspección y que ha elaborado el Ministerio de Trabajo.

Según el documento con el que trabaja el Ministerio, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la ofensiva se llevará a cabo en dos fases. Una primera para detectar posibles fraudes empleando la Herramienta de Lucha contra el Fraude. Se trata una aplicación informática creada el pasado año y que permite a los inspectores ir ‘a tiro hecho’, ya que conecta datos fiscales y de Seguridad Social. De este modo, pueden detectar posibles bolsas de ‘estafa’ en poco tiempo.

Durante los próximos meses las investigaciones se centrarán en esos fraudes en materia de contratación temporal y de trabajo a tiempo parcial. Detectados los casos, la Inspección de Trabajo comunicará a las empresas afectadas que han sido cazadas e instará a sus administradores a corregir la situación.

Las compañías afectadas tendrán un mes para regularizar todo. Pasado ese tiempo se comprobará con la Herramienta si se han hecho los cambios requeridos. Si el empresario hubiera hecho caso omiso, los inspectores se personarán en el domicilio social para iniciar los trámites correspondientes para imponer una sanción si se dieran las condiciones para ello.

Esta campaña de actuaciones especiales se enmarca dentro del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 aprobado por el Gobierno hace ahora un año. En él se contemplaban dos planes de choque como los que se han puesto en marcha ahora. De hecho, el período fue el mismo: agosto - diciembre y, al parecer, obtuvo bastante buen resultado.

Las inspecciones pasadas

Según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fruto de esas actuaciones se detectaron 130.800 trabajadores afectados por contratos fraudulentos. 80.500 dentro de los planes contra el fraude en la contratación temporal; y 50.302 contra en las actuaciones contra el uso irregular de los contratos a tiempo parcial.

Fruto de las investigaciones, 61.445 trabajadores pasaron de un contrato temporal a uno indefinido (el 76%) y 8.824 contratos vieron incrementada su jornada laboral, lo que supone un 17,5% del total de trabajadores afectados.

La contratación temporal se ha convertido en una de las grandes obsesiones del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio que lidera Magdalena Valerio. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el 26,36% de los contratos que se hacen en España son temporales (según datos de la Encuesta de Población Activa); y si se tiene en cuenta que el 15% de los empleados en España lo hacen a tiempo parcial. De ellos, la mitad querría trabajar a tiempo completo.