Revés judicial a la Plataforma Integral del Taxi (PIT) que lidera el exmagistrado Elpidio José Silva. El juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid ha rechazado aplicar medidas cautelares en la denuncia que presentaron contra Uber, Cabify y algunas empresas de VTC que operan con ellas. 

En concreto, el escrito de denuncia presentado por competencia deselal, entre otros delitos, pedía que se decretara el "cese provisional" de la actividad que venían realizando en  Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Getxo, Castellón, Barakaldo, Durango, Alicante, Santander, Ibiza, Palma de Mallorca, Vizcaya, Bilbao, Guadalajara, La Coruña, Portugalete, Burgos y Toledo, "mediante la explotación de licencias estatales de VTC". 

Según el auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, no se cumplen los requisitos exigidos para la solicitud de medidas cautelares por lo que procede "inadmitir la petición deducida" en la demanda presentada. 

La demanda va contra Uber y Cabify pero también contra las grandes compañías de VTC. ¿El motivo? Que las primeras actúan como intermediarias entre las empresas de alquiler de vehículos con conductor y el usuario. Esto es lo que hace que se “genere una compleja red de contratas y subcontratas que encubren la realidad de falsos autónomos al servicio de un sector sumamente opaco, tanto a nivel tributario, como a nivel de los conductores”. 

Elpidio José Silva relata en el texto que, a su juicio, todos los implicados hacen una competencia desleal al sector del taxi. Según su argumentación la licencia VTC otorgada por Fomento no faculta para operar en trayectos urbanos (con origen y destino en la misma ciudad), tan sólo les permite hacerlo en viajes intracomunitarios (entre Comunidades Autónomas). Es decir, que estarían haciendo un “uso fraudulento” del permiso concedido por el Ministerio con lo que obtienen “una ventaja competitiva tan exhorbitante como ilícita frente a los taxistas. 

Esta es la primera demanda presentada por la PIT contra los dueños de las VTC. Está previsto que este jueves los miembros de la plataforma presenten una querella firmada por 2.000 taxistas por ocho delitos que van desde la estafa masiva hasta el blanqueo de capitales. 

Respuesta de la PIT

Desde la PIT se han puesto en contacto con EL ESPAÑOL para explicar que esta medida de desestimación fue solicitada por la propia plataforma. Según un escrito enviado por Elpidio José Silva el pasado 17 de abril, solicitaba al juzgado que se desestimara la petición de medidas cautelares. 

Además, y según han explicado, se ha pedido que todas las demandas interpuestas por este motivo sean agrupadas en el juzgado número 3.