La tecnología está cambiando el mercado laboral. En apenas unos años hemos visto cómo han surgido nuevos empleos que antes no existían o cómo han aparecido compañías que han transformado el panorama empresarial. Y mientras el ecosistema laboral no deja de cambiar, la ley que lo regula permanece estática, lo que ha llevado a los responsables de las plataformas digitales a reclamar medidas. 

Según un estudio de la Comisión Europea del pasado mes de junio, el 11,6% de los adultos españoles ha trabajado alguna vez para plataformas digitales, cifra solo superada por Reino Unido (12%). Este dato refleja el peso que ha ganado este sector en la economía de nuestro país que en 2018 ha contribuido con 643 millones de euros al PIB español, según el informe ‘La contribución económica de las plataformas de ‘delivery’ en España’, realizado por Afi para Adigital. Este documento también señala que para 2020 este tipo de empresas generarán 50.000 empleos.  

A este desarrollo del sector no le han acompañado los cambios en el marco jurídico que faciliten su evolución y que eviten la incertidumbre sobre cómo debe ser el marco regulatorio de estas nuevas realidades laborales que requieren de medidas diferentes a las pensadas para los trabajos tradicionales. 

Sin embargo, el debate también se centra en los tipos de contrato que ofrecen las plataformas digitales. Este asunto se ha llevado a los tribunales en diferentes ocasiones y ha tenido distintos resultados sobre si se trata o no de falsos autónomos. 

La intervención legislativa que ofrezca un marco de seguridad jurídica parece más que necesaria para las plataformas digitales que, además, consideran que es la forma de conciliar los intereses de unos y otros, garantizando trabajos decentes y el desarrollo de unas actividades empresariales que responden a una demanda social. 

Este tema fue tratado en marzo por Adigital (Asociación Española de la Economía Digital), Asociación Española de Startups, Marcas de Restauración y ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), que debatieron sobre necesidad de encontrar una fórmula que encaje a las nuevas relaciones laborales surgidas de la digitalización. 

El director general de Adigital, José Luis Zimmermann, consideraba necesaria la creación de una mesa de trabajo con representantes del sector, de los trabajadores y de la administración por parte del Gobierno. Señalaba que un entorno como el actual, cada vez más digitalizado, requiere de un marco legislativo que dé respuesta a las nuevas formas de trabajo.

En esta línea, la vicepresidenta ejecutiva de ATA, Celia Ferrero, apuntaba a la adopción de la figura del ‘trade digital’ basado el perfil existente del trabajador autónomo económicamente dependiente (trade), que es aquel que factura más del 75% de sus ventas a un solo cliente. Desde ATA consideran que el desarrollo de esta figura ayudaría a los trabajadores a conseguir un mejor acceso a la protección social y a mejorar la concepción sobre la cobertura social de los autónomos. Ferrero también destacaba que las formas de empleo no convencionales están cada vez más extendidas, no sólo en el ámbito del trabajo independiente, sino también en el asalariado y que lo importante es garantizar la protección social, sea cual sea el tipo de trabajo.

El presidente de la Asociación Española de Startups, Carlos Mateo, aseguraba que la seguridad jurídica es necesaria para asegurar la inversión y no poner en peligro nuevos modelos de negocio. Es la forma de garantizar estabilidad a los trabajadores y de permitir el desarrollo de las empresas. Señalaba además que no solo se trata de los profesionales que desarrollan su actividad en el ‘delivery’, sino de miles de profesionales que ofrecen servicios en plataformas digitales.    

Las organizaciones coinciden en que se debe empezar a hablar sobre las particularidades de estos nuevos modelos de trabajo. Subrayan que España es el único país donde se ha optado por judicializar el sector y reclaman que se siga el ejemplo de países como Francia y Reino Unido.  En el país galo, Zimmermann ha señalado que “se han establecido una serie de obligaciones para las plataformas digitales en materia de asunción de cotizaciones y se ha redactado una carta de derechos y garantías específicas para estos trabajadores”. Respecto a los británicos ha comentado que han creado la figura del ‘worker’, que enmarca y ofrece protección a empleados no convencionales.