La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el martes pasado en el Congreso.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el martes pasado en el Congreso. EFE

Empresas IMPUESTOS

Las tecnológicas y la banca celebran el freno a la tasa Tobin y al impuesto digital

Fuentes del Gobierno reconocen a EL ESPAÑOL que los dos proyectos se quedan paralizados tras la convocatoria de elecciones.

16 febrero, 2019 02:28
Fernando Cano Arturo Criado

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Ni impuesto digital, ni tasa Tobin, ni subida del Impuesto de Sociedades. El adelanto electoral para el próximo 28 de abril que anunció el viernes Pedro Sánchez paraliza completamente todos los proyectos presentados ante las Cortes y que no han sido todavía aprobados.

Una situación que ha generado alivio entre las empresas tecnológicas y la banca, que tendrían que haber pagado cerca de 2.000 millones de euros al año con estos nuevos tributos, según las estimaciones de Moncloa. Estas compañías respiran con tranquilidad porque, consideran, que el nuevo Gobierno tendrá muy difícil retomar estos impuestos cuando se vuelva a constituir el Congreso de los Diputados.

El Parlamento deberá disolverse el próximo 5 de marzo, por lo que en el Gobierno han reconocido a este diario que se caen todos los proyectos de ley que no se aprueben hasta entonces. Una situación en la que no se encuentran el impuesto digital ni la tasa Tobin, cuya discusión se esperaba para abril o mayo. 

Alivio entre las tecnológicas

Las fuentes parlamentarias consultadas por este diario indican que, pese a que estos dos proyectos iban a ser tramitados con urgencia, en el mejor de los escenarios podrían haber visto la luz antes del verano. Unas fechas en las que ya habrá acabado esta legislatura y cuando ya se hayan producido las nuevas elecciones.

¿Qué pasará luego? Nadie lo sabe, pero está claro que, a no ser que el PSOE o Podemos logren ganar los comicios con claridad -algo muy poco probable según las actuales encuestas- estos dos impuestos no serán retomados. Tanto Partido Popular como Ciudadanos manifestaron públicamente su rechazo a estos tributos, por lo que  si se hacen fuertes en el Congreso no volveríamos a oír hablar del impuesto digital o la tasa Tobin en mucho tiempo.

Una situación que ha generado gran alivio entre las empresas tecnológicas. Como ya publicó este diario, estas empresas confiaban en que el Congreso tumbara el proyecto para recaudar 1.200 millones de euros y sin Cortes, este objetivo está cada vez más cerca. Fuentes del sector han indicado a este diario que respiran con tranquilidad y que confían en que la “pesadilla” de la tasa digital comience a acabarse.

Tranquilidad en la banca

En las empresas consideran que este gravamen se había creado con un afán meramente recaudatorio y con el objetivo de costear gasto social, por lo que se habían buscado causas para incluir en esta tasa a todas las empresas posibles, incluso a muchas que ya pagan una cantidad ingente de impuestos en España.

Del mismo modo, también queda paralizada la llegada de la tasa a las transacciones financieras. El ejecutivo de Sánchez proponía un gravamen a la compra-venta de acciones del 0,2% de empresas cotizadas con capitalización superior a los mil millones de euros. ¿Objetivo? Recaudar 800 millones de euros.

Es cierto que en el sector bancario se respira algo más tranquilo por su paralización, pero tampoco les preocupaba demasiado. Se daba por descontado que, de un modo u otro y al igual que ocurrió en Francia, se terminaría trasladando al consumidor. Es decir, que el efecto sobre las cuentas sería limitado. 

Impuesto de Sociedades

Se trata de una tasa que, además, presentaba numerosas dificultades a la hora de su implementación, por lo que se dudaba de que realmente llegara a instaurarse. Es más, hay quien lo veía como una medida cosmética dentro de un presupuesto abocado a su no aprobación. 

Donde sí están más contentos entre los bancos en que no haya presupuestos, y en que se convoquen elecciones es en la subida del Impuesto de Sociedades. El proyecto de presupuestos, y las intenciones del Gobierno, pasaban por aprobar una subida del tipo mínimo hasta el 18% en el caso de las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos. En el caso del resto de grandes compañías sería del 15%. En total, más de 10.000 empresas se hubieran visto afectadas.