Santander, Caixabank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor -con el que se pagó a Escal UGS, la operadora en la que participaba ACS- y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, “más los daños causados”.

El pasado mes de abril, las tres entidades presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamación ante el Consejo de Ministros. La reclamación no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso.

Ahora, recurren por los “los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de las inversiones realizadas por ellos tras la declaración de inconstitucionalidad parcial de un real decreto ley, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

Las entidades decidieron presentar la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas; a continuación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar el pago financiado por Santander, CaixaBank y Bankia.

Con su decisión el Constitucional no anuló el pago, sino la forma en la que se gestionó el cierre. Por ello, los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general, ya que, de no ser así, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a su costa, puesto que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén.