Sede de la CNMC en Madrid,  uno de los organismos que licitará sus servicios de telecomunicaciones.

Sede de la CNMC en Madrid, uno de los organismos que licitará sus servicios de telecomunicaciones.

Empresas TELECOMUNICACIONES

El Gobierno ultima el megacontrato público de ‘telecos’ con 450 millones en juego

15 octubre, 2018 01:06

El Gobierno ultima la publicación del que es, quizás, el mayor contrato de servicios de telecomunicaciones nunca visto en España. El valor estimado es de 450,9 millones de euros, incluyendo IVA, que la administración ha dividido en cuatro lotes a los que estudian presentarse las principales operadoras de nuestro país. El anuncio previo del concurso se produjo en enero de este año, por lo que la resolución se debe conocer como tarde en enero de 2019.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que la idea del nuevo Gobierno es publicar el concurso en diciembre de este año para recibir las propuestas durante la primera parte del año y que los adjudicatarios comiencen a prepararse para explotar el nuevo contrato que tendrá una validez de cuatro años y estará operativo desde 2020. La actual licitación fue adjudicada en el año 2015.

El pliego denominado 'Contrato de servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado Fase II' agrupa los servicios de telecomunicaciones -fijas, móviles, Internet y red internacional- de más de un centenar de organismos públicos adscritos a todos los ministerios.

Centenar de organismos públicos

Será el segundo contrato que se adjudique mediante la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) que fue creada para optimizar y unificar los contratos del Estado y lograr mejores precios y condiciones con los proveedores, hasta ahora acostumbrados a firmar un acuerdo con cada uno de los departamentos de la Administración. En el caso de las telecomunicaciones, el procedimiento CORA ha significado uno de los mayores ahorros para el Estado en cuanto al pago a proveedores.

Estamos hablando de un contrato que unifica los servicios de telecomunicaciones de organismos tan diversos como confederaciones hidrográficas, todos los ministerios, agencias estatales, Tesorería General, Consejo de Seguridad Nuclear, Oficina Española de Patentes y Marcas, Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil, Agencia Estatal de Meteorología, Instituto de la Juventud, el ICEX, la CNMC y así hasta más de un centenar de dependencias públicas.

El primer contrato unificado (Fase I) se cerró con un coste total de 136,2 millones de euros por los cuatro lotes, una considerable rebaja respecto del precio de licitación que ascendió a los 204 millones. La Red Corporativa Nacional Multiservicio y servicio de telefonía fija fue el mayor contrato con 93,1 millones (un 31% de descuento sobre el precio base) fue adjudicada a Telefónica; el contrato de móviles se obtuvo por 8,9 millones (un descuento del 61%) y también fue para Telefónica.

Cuatro lotes por cuatro años

El tercer lote adjudicado en 2015 también fue para Telefónica. En este caso el de servicios de internet que se entregó por un valor de 4,7 millones de euros, un 63% por debajo del precio de salida. Finalmente las comunicaciones de red internacional se adjudicaron a BT por 29,5 millones, un 8,2% menos del precio de salida.

En el caso del nuevo contrato, los valores son mucho mayores ya que se incorporan muchos más organismos al acuerdo. El valor estimado del contrato es de 450,9 millones de euros, incluyendo IVA, 325 millones sin este impuesto y 393 millones de presupuesto base de licitación.

En el caso de las telecomunicaciones fijas, el importe es de 198 millones sin impuestos, el de comunicaciones móviles llega hasta los 42 millones sin IVA, el de internet; a 23,6 millones y el de red internacional se eleva hasta los 61,4 millones. Todas las licitaciones aseguran un contrato de prestación de estos servicios por cuatro años.

Respecto de estos contratos, al menos las tres grandes operadoras -Telefónica, Orange y Vodafone- tienen interés por estos lotes, aunque no han querido confirmar si oficialmente se van a presentar al procedimiento que se abrirá en las próximas semanas. Un concurso, que en cualquier caso deberá conocerse dentro de tres meses como máximo.